Al menos tres personas fueron detenidas hoy durante los disturbios registrados en un tribunal en El Salvador, en el cuarto día de una huelga convocada por sindicatos judiciales para exigir un aumento salarial, que ha impedido celebrar 750 audiencias y retrasado el levantamiento de cadáveres.
El jefe de la oficina Fiscal de Mejicanos, Miguel Ángel Iraheta, dijo a medios locales que una mujer y dos hombres fueron detenidos por la Policía Nacional Civil (PNC) acusados de agredir a una fiscal que intentó ingresar al Juzgado Primero de Paz de ese municipio, situado tres kilómetros al norte de San Salvador.
Agregó que la fiscal "fue golpeada y amenazada" cuando llegó a ese tribunal que no se ha sumado al paro de labores, y denunció que los huelguistas "le arrebataron" los documentos oficiales que presentaría ante esa sede judicial.
Un dirigente sindical indicó a periodistas que los detenidos son Juan Demetrio Recinos, Napoleón Pérez y una mujer identificada como Daisy, y de quien no suministró más detalles.
"Sabemos y de antemano hemos pedido disculpas a toda la población por las molestias que hemos causado; sin embargo, la historia nos ha demostrado que es el único procedimiento que tenemos para hacer efectiva nuestra demanda", aseguró.
El dirigente sindical Alejandro Rivas dijo a Efe que permanecerán en la sede del Juzgado "hasta que la Policía devuelva" a sus compañeros.
Aseguró que no declinarán en su demanda de un bono de 300 dólares y un incremento salarial de 150 dólares para los empleados con sueldos menores a 1.000 dólares y 150 dólares para aquellos con salarios superiores.
Una fuente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) explicó a Efe que la huelga ha impedido celebrar unas 750 audiencias y que unas 46 personas detenidas fueron liberadas al no ser presentadas ante un juez en el plazo de 72 horas previsto en la ley.
Además, se mantienen cerradas las sedes del Instituto de Medicina Legal, lo que ha obligado a que los cuerpos sean trasladados a los depósitos de cadáveres de los hospitales públicos.
El jefe de la Unidad Antinarcotráficos de la Fiscalía, Julio Arriaza, dijo a medios locales que el traslado de los cadáveres a los depósitos mortuorios de los hospitales "no es conveniente", pues advirtió que se produce un "retraso de los procedimientos".
La CSJ señaló en un comunicado difundido hoy que la suspensión de labores "ha generado graves consecuencias, principalmente para los usuarios", y reiteró su compromiso "con el diálogo como mecanismo para la solución de conflictos".
Mientras, los jueces de diferentes jurisdicciones del país instaron a las asociaciones de empleados judiciales a que como "gesto de buena voluntad" se realicen las actividades de reconocimiento y autopsias de los cadáveres, e invitaron a establecer una mesa permanente de diálogo entre las partes en conflicto.
Además de la protesta de los sindicatos judiciales, San Salvador fue escenario hoy de una manifestación protagonizada por maestros que exigen alzas en sus salarios, de vendedores que se oponen a los planes de reordenamiento en esta capital y de activistas que reclaman medidas para proteger en medio ambiente.
