Los alcaldes opositores electos de las ciudades bolivianas Sucre y Potosí, situadas en el sur del país, afirmaron hoy que las demandas judiciales contra ellos esconden una "persecución" del parte del Gobierno de Evo Morales.
Jaime Barrón, alcalde electo de la ciudad sureña de Sucre, la capital constitucional de Bolivia, dijo a Efe que el proceso en su contra "es fruto de una persecución política que se hace para evitar que llegue a la alcaldía", cargo que debe asumir el 30 de mayo.
"A nivel nacional se está utilizando la justicia y a los fiscales para tratar de evitar que la gente de oposición trabaje en los lugares donde ha ganado las elecciones", dijo Barrón, elegido en los comicios regionales celebrados el pasado 4 de abril.
Barrón fue acusado por fiscales de Sucre de los delitos de sedición, instigación pública a delinquir, lesiones graves, lesiones leves y privación de libertad.
El alcalde electo era líder de una organización de varias instituciones de Sucre que ha sido acusada de haber instigado actos de violencia y humillación de indígenas afines al oficialismo el 24 de mayo de 2008, en la plaza principal de esa ciudad.
Se trata del Comité Interinstitucional que organizó protestas contra el Ejecutivo y la Asamblea Constituyente por oponerse a que se discuta la posibilidad de que Sucre recupere su condición de capital plena frente a La Paz, que es la sede del Gobierno.
Tras la demanda contra Barrón, algunos legisladores del oficialismo e incluso fiscales citados por los medios anticiparon hoy la posibilidad de que el alcalde electo no pueda asumir el cargo si el proceso en su contra continua avanzando.
De su parte, René Joaquino, alcalde reelegido en Potosí, situada a unos 160 kilómetros de Sucre, dijo a Efe que él está acusado por la fiscalía por un presunto incumplimiento de deberes porque hace cuatro años atrás compró doce vehículos de segunda mano para el municipio.
La denuncia señala que Joaquino no debió haber comprado los automóviles a medio uso sino nuevos, pero él justificó la decisión en que el municipio no tenía recursos para esas adquisición.
"Mi preocupación es que este caso se maneje desde un ámbito enteramente político (...) No creo que sea un buen mensaje para la democracia, ni es un buen mensaje para la seriedad que debe caracterizar al Gobierno nacional", dijo Joaquino.
Señaló que la decisión que tomó en su momento fue conocida por las organizaciones sociales y el Comité de Vigilancia de la ciudad de Potosí porque se hizo de forma "transparente".
Sostuvo que fue una decisión adecuada porque se compró doce vehículos, la mitad de ellos equipo pesado, por un monto de 140.000 dólares, una suma que hubiera alcanzado para un solo camión nuevo.
Según la prensa local, desde el 2006, al menos 60 opositores han sido demandados por diversas razones en juicios promovidos en su mayoría por el oficialismo, en tanto que 140 han huido de Bolivia declarándose víctimas de persecución política.
