Abogacía: el atajo se convirtió en la ruta larga
Estamos próximos al cierre del período ordinario de sesiones de la Asamblea Nacional. Escribo estas líneas con la responsabilidad de haber promovido la iniciativa que dio origen a la Ley 350 de 2022 y con preocupación por los graduados que hoy reclaman una vía cierta para obtener su idoneidad. El tiempo legislativo que queda debe aprovecharse para construir una solución viable.
El atajo prometido se transformó en una ruta larga e incierta. Sin buscar culpables, corresponde recordar que las dificultades fueron advertidas. Habría preferido que esas advertencias resultaran equivocadas. Hoy importa reconocer lo que faltó y atender a quienes confiaron en la promesa de un camino más accesible hacia la profesión.
La Ley 350 distinguió la formación universitaria de la habilitación profesional. Obtener un título acredita haber cumplido un programa académico; recibir la idoneidad supone asumir responsabilidades frente a ciudadanos que confían su patrimonio, libertad, familia y derechos a un abogado.
Mientras se aplicó su régimen original, existió una vía efectiva para acceder a la profesión. Quienes no aprobaban en el primer intento podían volver a presentar la prueba: reprobar no significaba quedar excluido definitivamente de la abogacía. El sistema otorgaba idoneidades y ofrecía oportunidades para alcanzar el estándar exigido. En julio de 2024, el Órgano Judicial informó que 683 participantes habían obtenido su certificado durante el período 2023-2024 y confirmó oportunidades posteriores sin necesidad de repetir el curso.
Esto permite sostener una premisa básica: lo que funciona se perfecciona. Había que revisar tiempos, cursos, metodología y procedimientos. Antes de sustituir aquel mecanismo, correspondía identificar sus deficiencias, corregirlas y demostrar que la alternativa ofrecería mejores resultados.
En cambio, la reforma ofreció tres opciones: examen, publicación de tesis y servicio voluntario. La multiplicación de alternativas fue presentada como una solución, sin asegurar que sus destinatarios pudieran utilizarlas.
El presidente de la República objetó el Proyecto 168 por inconveniente. Advirtió la reducción del rigor, la ambigüedad de los requisitos y la falta de criterios claros de evaluación. La Asamblea rechazó esas objeciones y aprobó el proyecto por insistencia. Posteriormente se promulgó la Ley 500 de 2025.
Lo aplaudido terminó en mueca. Las dificultades están descritas en las propias iniciativas que ahora procuran corregir la reforma. La exposición de motivos del anteproyecto 131 reconoce que el examen quedó restringido según la fecha de inicio de los estudios, dejando a un grupo de aspirantes dependiendo de las otras dos alternativas.
Explica, además, que exigir la publicación de una tesis completa desconoce el funcionamiento de las revistas, que reciben artículos y tienen límites de extensión y capacidad editorial. Quienes se graduaron mediante otras modalidades tampoco encuentran una salida en esa opción. Una decisión académica adoptada durante la carrera termina condicionando una habilitación profesional posterior.
El mismo anteproyecto advierte que el voluntariado de tres meses resulta especialmente gravoso para quienes trabajan. A ello se suman las restricciones sobre instituciones, dependencias y horarios admitidos, así como la falta de flexibilidad para acumular el servicio mediante jornadas parciales. Las alternativas existían en el papel, pero carecían de condiciones suficientes para convertirse en oportunidades efectivas para todos sus destinatarios.
Por su parte, el anteproyecto 139 denuncia la inseguridad jurídica y propone un régimen transitorio que exceptúe de esas alternativas a quienes iniciaron estudios o mantenían vínculo académico antes del 24 de noviembre de 2025. También contempla reactivar expedientes suspendidos, devueltos o rechazados. Intenta responder a consecuencias que debieron examinarse antes de aprobar la reforma.
De la abogacía siempre se espera más: anticipar consecuencias, interpretar normas y advertir conflictos. Por eso preocupa que, al reformar nuestra propia profesión, no se previera suficientemente el limbo que ahora se denuncia. Que la Asamblea insistiera y sus destinatarios celebraran, para después reclamar otra modificación, revela que faltó profundidad en el debate. Reconocerlo es una responsabilidad.
La abogacía joven necesita competir por un espacio en un mundo globalizado. Merece preparación, herramientas y oportunidades para demostrar competencias. El acceso oportuno y la calidad profesional deben integrar una misma política.
