Una jueza peruana rechazó el hábeas corpus presentado por un ciudadano chino contra el presidente peruano, Alan García, como último recurso para evitar su extradición, lo que le expone a una probable pena de muerte en su país, informaron hoy medios locales.
El ciudadano chino Wong Ho Wing, detenido en Perú en 2008 y recluido en el penal Sarita Colonia del Callao, es acusado en su país por el delito de defraudación tributaria, lo cual puede ser castigado con la pena de muerte, explicó su abogado, Luis Lamas Puccio.
La jueza Carmen Arauco declaró improcedente el recurso de hábeas corpus presentado por Wong contra el gobernante peruano y los ministros de Justicia, Aurelio Pastor, y de Relaciones Exteriores, José Antonio García Belaúnde, por supuesta vulneración de su derecho a la vida.
El abogado de Wong argumentó el pasado 18 de febrero, al presentar el recurso, que la demanda era "preventiva para evitar que el Gobierno suscite un daño que cuando se produzca sea irreversible".
Sin embargo, la jueza Arauco argumentó que existe un compromiso de las autoridades judiciales chinas de no imponer ese castigo a Wong en el caso de que se concrete la extradición, según informó el diario El Comercio.
La Sala Permanente de la Corte Suprema de Perú declaró el 27 de enero pasado procedente la extradición de Wong, quien es requerido por los delitos de defraudación tributaria, contrabando, lavado de dinero y soborno por más de 1,5 millones de dólares, presuntamente cometidos en la década de los años noventa.
El presidente de la Segunda Sala Penal Permanente de la Corte Suprema de Perú, Robinson González, obtuvo de la embajada china en Lima una carta de compromiso del Tribunal Popular Supremo de que Wong no será ejecutado, indicó el periódico La República.
Dado que aún falta la firma del Ejecutivo peruano para que la extradición se concrete, la defensa de Wong interpuso la demanda de hábeas corpus ante el 42 Juzgado Penal de Lima contra el presidente García, así como contra sus ministros de Exteriores y de Justicia.
Lamas dijo que Wong denunció el año pasado al Estado peruano ante la Comisión Interamericana de Derechos humanos (CIDH) por supuestamente no respetar un criterio de homologación en los tratados internacionales, que sostiene que "en China hay pena de muerte y en el Perú no".
En declaraciones a La República, Lamas afirmó que la extradición de Wong tiene "una motivación política con la finalidad de satisfacer al Gobierno de la República Popular China", al que Alan García profesa una rotunda admiración.
El pasado lunes, el presidente García declaró que era un día histórico por la entrada en vigor del tratado de libre comercio firmado con China (convertido ya en segundo socio comercial de Perú), a pesar de las críticas del sector de confecciones y manufacturas que se declararon en crisis por ese convenio.
