El anuncio del Ejecutivo sobre el posible traslado a tierra firme de los residentes de Isla Cañas, provincia de Los Santos, debido a las afectaciones provocadas por el terremoto del pasado 9 de octubre y las posteriores inundaciones que se han registrado en el área, no ha sido bien recibido por los pobladores que, a través de un comunicado, solicitaron a las autoridades apersonarse al lugar para conocer de primera mano su realidad.
Aseguran que solo 20 viviendas presentan daños por anegamientos; el resto no sufrió inundaciones ni derrumbes a causa de estos fenómenos, por lo que instan al Gobierno a realizar una evaluación integral de las condiciones de seguridad y habitabilidad de la isla con la finalidad de que los damnificados puedan ser reubicados dentro del territorio.
"Trasladar a toda una comunidad sin una evaluación técnica real en campo significaría desconocer la memoria social, histórica y cultural de una comunidad que durante generaciones ha vivido a orillas del mar", esboza el escrito.
Los moradores esperan que se les permita permanecer en la zona y piden al Gobierno dotar de equipos a los productores, pescadores y operadores turísticos para que puedan retomar las actividades que sostienen económicamente a la isla.
Eduardo Batista Gutiérrez, residente de Isla Cañas, expresó, a través de redes sociales, sus dudas sobre la decisión, dejando entrever que existen intereses externos detrás de la misma, pues desde que la zona fue decretada "refugio de vida silvestre" en 1970 se ha insistido en su reubicación.
Propone que el Gobierno recompense con $1 millón a cada habitante mayor de edad por su desplazamiento hacia tierra firme; de no ser posible, continuarán en el territorio para reconstruirlo, como ha ocurrido en ocasiones anteriores.
Los isleños reiteraron que su objetivo no es que se ignoren los riesgos, sino que se respete su historia, la opinión de todos los involucrados y los resultados de las inspecciones especializadas para tomar una decisión sobre su permanencia o traslado.
El Ejecutivo, de acuerdo con José Ramón Icaza, secretario de Metas, iniciará la identificación de terrenos que pudieran ser utilizados para la construcción de las viviendas impactadas; no obstante, continúa monitoreando las condiciones de la isla para definir los pasos a seguir.
