Amnistía Internacional (AI) indicó hoy que en 2008 hubo en Uruguay "algunos avances" para llevar ante la Justicia a los autores de violaciones de derechos humanos en el pasado y que "prosiguieron los esfuerzos encaminados a anular la Ley de Caducidad".
Esta ley, vigente desde 1986 y que fue aprobada en referéndum, "impedía la apertura de procedimientos judiciales contra miembros de las fuerzas de seguridad por delitos cometidos durante el gobierno militar (1973-1985)", recuerda el Informe anual de la organización sobre los Derechos Humanos en el mundo.
No obstante, agrega, "el Ejecutivo excluyó algunos casos contemplados anteriormente en la ley, lo que permitió el avance de las investigaciones".
En septiembre, Uruguay ratificó la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones forzadas.
Decenas de ex oficiales de las Fuerzas Armadas fueron citados a declarar para testificar en la causa contra el general Gregorio Álvarez, jefe del gobierno militar entre 1981 y 1985, que junto con el oficial retirado Juan Larcebeau "estaban acusados de haber sido coautores de las desapariciones forzadas de más de 30 personas", relata AI.
En octubre, agrega, el Tribunal de Apelaciones cambió el cargo citado por el de "reiterados delitos de homicidio muy especialmente agravados".
Además, prosigue AI, continuaron otras investigaciones con respecto a operaciones represivas durante la dictadura.
Al referirse a los "derechos de las mujeres", AI dice que en noviembre el presidente uruguayo, Tabaré Vázquez, "vetó un proyecto de ley sobre derechos sexuales y reproductivos aprobado por el Parlamento" que permitía el aborto en las 12 primeras semanas del embarazo, así como en casos de violación o de peligro vital para la madre.
En ese sentido, agrega que poco antes el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer "había expresado su preocupación por el alto índice de casos de mortalidad derivada de la maternidad, cuya causa principal era la práctica del aborto inseguro".
Dicho Comité también criticó a Uruguay por la "ausencia de una definición clara y rotunda de la discriminación contra las mujeres en la legislación y por las disposiciones discriminatorias del Código Penal".
