En su tercer y último debate, la pleno de la Asamblea Nacional de Panamá aprobó el Proyecto de Ley No. 541, el cual modifica la Ley 23 de 15 de julio de 1997 para adecuar la legislación interna a la normativa y estándares internacionales de protección vegetal y animal.
La norma busca actualizar las herramientas del Estado para erradicar y controlar enfermedades de alto impacto económico y de salud pública, tales como la Brucelosis, la Tuberculosis Bovina y el Gusano Barrenador del Ganado (GBG).
Movilización, muestreos y modernización de Cuarentena Agropecuaria
El proyecto de ley, presentado por el diputado Edwin Vergara, responde a la mayor exigencia operativa derivada del crecimiento del sector agropecuario y del dinamismo en el comercio de productos agrícolas y pecuarios.
La nueva legislación amplía directamente las facultades y la capacidad de respuesta de la Dirección Nacional de Cuarentena Agropecuaria del Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA):
Se refuerzan las medidas zoosanitarias para la inspección y trazabilidad en el traslado de ganado a nivel nacional.
Faculta al Mida para ejecutar directamente o autorizar, bajo estricta regulación y fiscalización, que Organismos No Gubernamentales (ONG) especializadas y registradas desarrollen de forma conjunta tratamientos cuarentenarios y fumigaciones.
Las autoridades aclararon que la normativa no implica la transferencia de competencias soberanas ni compromisos comerciales internacionales, sino un esquema de cooperación técnica alineado con buenas prácticas regionales.
Nuevo esquema financiero fuera de la Caja Única del Estado
Una de las modificaciones más relevantes introducidas al marco de la Ley 23 de 1997 radica en el manejo de los recursos generados por los servicios de inspección y tratamiento:
Los fondos recaudados por la Dirección Ejecutiva de Cuarentena Agropecuaria se depositarán en un fondo común fuera de la caja única del Estado.
Este fondo podrá ser administrado por una ONG nacional o internacional de reconocido prestigio, o bien por una entidad financiera acreditada en la República de Panamá, garantizando agilidad y transparencia en la ejecución presupuestaria para emergencias sanitarias.
Este proyecto de ley pasa ahora al Órgano Ejecutivo para su correspondiente sanción o veto por parte del presidente de la República, sentando un hito en la actualización de las defensas bioseguras del campo panameño.
