El Gobierno uruguayo en pleno decidió hoy "amonestar" al comandante en jefe del Ejército, Jorge Rosales, por sus declaraciones públicas en defensa de la Ley de Caducidad, que impide juzgar a uniformados por crímenes cometidos durante la dictadura (1973-1985) y que el Parlamento planea eliminar.
En una reunión especial del gabinete del presidente José Mujica, todos los ministros del Gobierno firmaron la resolución en la que se impone al militar la sanción disciplinaria, que, sin embargo, no recoge el pedido de renuncia al cargo.
Pese a esta sanción, el militar continuará al frente de la fuerza de tierra, explicó el ministro de Defensa, Luis Rosadilla, tras reunirse con el general para imponerle la sanción.
Rosales, que como militar tiene prohibido realizar manifestaciones políticas, señaló el pasado viernes en declaraciones a los medios que el Parlamento "debe acatar y respetar el resultado de las urnas" en referencia a los intentos del Poder Legislativo de hacer inaplicable la Ley de Caducidad pese a que fue apoyada en dos ocasiones por la ciudadanía en referéndum en 1989 y en 2009.
"Como militar estimo que hay un principio rector de la conducta, que es la lealtad y el cumplimiento de la palabra, y como ciudadano la opinión que tengo es que se debe acatar y respetar el resultado de las urnas", dijo el comandante en jefe del Ejército.
La Cámara de Diputados aprobó la semana pasada un proyecto de ley que obliga a los tribunales a reconocer como defendidas por la Constitución todos los tratados internacionales signados por Uruguay en materia de derechos humanos, lo que en la práctica hace inaplicable la Ley de Caducidad.
Estos intentos del Parlamento, dominado por el oficialista Frente Amplio (FA), para soslayar la controvertida norma han generado un enorme revuelo entre la oposición de derechas e incluso en el seno de la propia coalición de izquierdas, donde algunos dirigentes se mostraron contrarios a desconocer la decisión de la ciudadanía.
Las palabras de Rosales molestaron a varios sectores del FA, que ayer en la reunión de su mesa política las consideraron una violación a la Constitución.
El partido de Gobierno resolvió mostrar su "más enérgico rechazo" a las declaraciones de Rosales, "en el entendido de que los militares en ejercicio tienen expresamente prohibida, por el artículo 77 de la Constitución, toda manifestación de carácter político".
