AMP**La semana pasada la Autoridad Marítima de Panamá se reunió con los abogados panameños que intermedian entre los propietarios de más de siete mil naves registradas aquí y esa entidad gubernamental. El objeto de la reunión era informar sobre la designación de una empresa para llevar a cabo las tareas de evaluación de los planes de protección que adopten esas naves, en cumplimiento de normas internacionales tomadas post 9/11.
MONOPOLIO**La cooperación y coordinación entre el sector privado y el gobierno son siempre saludables. En este caso, sin embargo, la reacción de los profesionales fue de aprensión, por decir lo menos. Resulta que a través de una resolución, al estilo de los militares (recuérdese Panama Marinexam), se ha otorgado un monopolio a una empresa privada que bien podría cobrar más de quince millones de balboas en menos de un año.
INQUIETUD**Corresponderá a otras (léase, varias empresas) verificar que las navieras cumplan con el plan de protección que apruebe el certificador recién nombrado. ¿Por qué la AMP no pudo asumir la responsabilidad inicial de certificar? ¿Por qué sólo una empresa certificadora? ¿Quiénes son los que están detrás de esa certificadora? ¿Cuáles son sus credenciales? Los abogados no quedaron satisfechos con las respuestas dadas por la AMP; ¿lo quedará el país?