Los ánimos siguen caldeados dentro de la Asamblea Ambiental de Gualeguaychú argentina por el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya favorable a una gigantesca papelera instalada en el vecino Uruguay, dijeron hoy a Efe miembros del grupo ecologista.
El fallo del tribunal, que rechaza una petición argentina de traslado o desmantelamiento de la planta y niega que se haya probado contaminación ambiental, fue analizado en la noche del miércoles en una reunión con abogados del grupo ecologista que cuestionaron tanto a los jueces de La Haya como al Gobierno de Buenos Aires.
Los ecologistas critican que el tribunal haya condenado al Gobierno uruguayo por incumplir acuerdos de administración compartida del río Uruguay, que sirve de frontera con Argentina, pero sin aplicar ninguna sanción por autorizar unilateralmente la instalación de la fábrica.
"La injusticia no aplaca sino que motiva más a la gente", aseguró Lilia Merlin, coordinadora del grupo ambientalista, para quien la conclusión de la reunión es que "no hay que acatar el fallo".
La Asamblea Ambiental de Gualeguaychú (ciudad del noreste de Argentina) mantiene desde fines de 2006 cortado el paso hacia la ciudad uruguaya de Fray Bentos, donde se levanta la papelera de la firma UPN, que forma parte del grupo de la finlandesa Botnia, que la construyó.
Merlin aclaró que la continuidad del bloqueo debe decidirse por votación en una "asamblea ampliada" del grupo con los vecinos de Gualeguaychú que en principio está prevista para el 2 de mayo, aunque podría celebrarse antes de esa fecha.
"Hay que obstaculizar el funcionamiento" de la procesadora, insistió.
La asambleísta recalcó que el Gobierno argentino debe "hacer públicas las pruebas de contaminación" que puso a consideración del tribunal de La Haya, que sólo le dio importancia a las que presentó Uruguay en base a consultoras que, sostuvo, son "parte interesada".
Otros miembros del grupo ecologista indignados por el fallo de La Haya mantienen sin embargo una posición en favor de levantar el bloqueo y reforzar el control sobre la planta y eventualmente presentar una nueva demanda ante otros tribunales europeos.
En este sentido, destacan que los jueces de La Haya dictaminaron que se debe aprovechar la bilateral Comisión del Acuerdo del Río Uruguay (CARU) para que técnicos de los dos países prevengan que la papelera cause daños ambientales.
"Una cosa es la protesta y otra cosa es el corte (del paso fronterizo). La protesta continúa. El corte lo vamos a evaluar en una asamblea luego del fallo para que sea una decisión mayoritaria", apuntó el asambleísta Jorge Fritzler.
Osvaldo Fernández, uno de los abogados de la organización, subrayó que el tribunal de La Haya "dio la razón" a Argentina en cuanto a que Uruguay incumplió acuerdos bilaterales y dictaminó además que "no hay parámetros que permitan establecer" si la planta contamina al ambiente.
"Nosotros creemos, aun criticando el fallo, que sí debemos acatarlo, pero para que la lucha continúe. Porque si Argentina en verdad trabaja en la CARU realizando controles, tendremos allí la puerta abierta para colectar pruebas de contaminación que nos permitirán presentar una nueva demanda", declaró a radios locales.
Como la planta de UPN "pertenece a capitales europeos", los asambleístas podrían continuar su lucha judicial "en tribunales de allí", matizó Fernández.
La Asamblea Ambiental de Gualeguaychú celebrará el domingo próximo la sexta marcha de protesta hacia el puente General San Martín, que conduce a Fray Bentos, acceso que mantiene cortado desde noviembre de 2006.
