El ex marino Alfredo Astiz, símbolo de los crímenes de la última dictadura argentina, encabeza la lista de una treintena de detenidos por delitos de represión que deberán declarar el mes próximo por la desaparición de la joven sueca Dagmar Hagelin, informaron hoy fuentes judiciales.
También serán indagados los antiguos marinos Jorge Acosta y Ricardo Cavallo, extraditado desde España en 2008, entre otros de una lista de acusados por los crímenes cometidos en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA) de Buenos Aires, donde funcionó el mayor centro clandestino de detención de la dictadura (1976-1983), apuntaron.
Astiz, apodado "Ángel de la Muerte", es señalado como líder del grupo paramilitar que en enero de 1977 secuestró a Hagelin a las afueras de Buenos Aires, cuando ella tenía 17 años.
Hagelin fue herida a balazos y secuestrada a pocos metros de la casa de una amiga suya que militaba en el grupo guerrillero Montoneros y a quien iba a visitar, según testimonios que constan en las actuaciones del caso, apuntaron los portavoces judiciales.
De acuerdo con esos testigos, algunos de los cuales señalan a Astiz como autor de los disparos, la joven sueca fue llevada a la ESMA, donde se calcula que estuvieron ilegalmente detenidas unas 5.000 personas, la mayoría actualmente desaparecidas.
La treintena de acusados o involucrados en la desaparición de Hagelin serán indagados en febrero próximo por el juez federal Sergio Torres, quien instruye múltiples actuaciones por secuestros, aplicación de tormentos y otros delitos cometidos en la ESMA.
En la lista de acusados que interrogará el juez Torres figuran además los ex marinos Juan Carlos Rolón, Jorge Radice y Antonio Pernías, además del civil Carlos Guillermo Suárez Mason, hijo del ex general del mismo nombre que murió en 2007 cuando estaba en prisión por violaciones a los derechos humanos.
Astiz, quien al igual que los otros acusados se encuentra detenido, está involucrado además en la causa por el secuestro y asesinato de las monjas francesas Leoni Duquet y Alice Domón, entre otras víctimas de la dictadura.
Los procesos por violaciones a los derechos humanos empezaron a reactivarse en 2003, cuando se anularon las llamadas "leyes del perdón" de la década de 1980, a lo que siguió la nulidad de los indultos que en los años 90 beneficiaron a jerarcas de la dictadura y fallos de la Corte Suprema que declararon imprescriptibles a los delitos de lesa humanidad.
Las cifras oficiales señalan que unas 18.000 personas desaparecieron en esa época a manos de grupos paramilitares, pero los organismos humanitarios elevan el número de víctimas a 30.000.
