La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, advirtió hoy a los sectores que cuestionan la veracidad de los informes oficiales sobre detenidos desaparecidos, que no permitirá que se ponga en duda la "verdad histórica" de la represión durante la dictadura de la que ella misma fue víctima.
"No voy a aceptar el aprovechamiento ni mucho menos que se juegue con el sufrimiento de muchas familias que aún esperan verdad y justicia", señaló Bachelet al referirse este lunes a los comentarios de sectores ultraderechistas que cuestionan que durante el régimen militar (1973-1990) hubiera casi 1.200 detenidos desaparecidos.
Tras recordar su condición de víctima de la dictadura (su padre fue asesinado y ella y su madre fueron torturadas), Bachelet puntualizó que la aparición de cuatro casos de falsos detenidos desaparecidos "no pueden confundir las cosas".
"La violación a los derechos humanos es una vergüenza nacional que ha quedado grabada para siempre en la historia de nuestro país y no vamos a permitir que se ponga en duda esa verdad histórica", insistió la mandataria.
Además, pidió a las fuerzas políticas "que no manipulen ni intenten sacar pequeñas ventajas" con este asunto.
Para esclarecer los casos de falsos desaparecidos, el Gobierno entregó hoy información al Consejo de Defensa del Estado y al ministerio público, al tiempo que pidió a la justicia que nombre un ministro en visita (juez especial) que investigue lo ocurrido.
Así lo anunciaron hoy los abogados Juan Pablo Hermosilla y Samuel Donoso, quienes asesorarán al Ejecutivo en la investigación.
El Gobierno ha designado a la abogada Carmen Gloria Rojas para que estudie la presentación de una eventual querella por el primer caso de falso desaparecido, el de Germán Cofré, quien estaba vivo y residía en Argentina.
Rojas debe analizar si se cometió estafa o fraude al Estado por los 79.598.000 pesos (126.346 dólares) que recibieron sus familiares en conceptos de indemnización.
Los otros tres casos son Emperatriz Villagra, quien falleció en 1955 y cuya familia no recibió beneficios; Edgardo Palacios, también reportado como desaparecido, pero que falleció en 2006 en calidad de indigente, y Carlos Rojas.
En tanto, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) insistió hoy en solicitar al Gobierno la creación de una Subsecretaría de Derechos Humanos, con amplias competencias, "que reciba las denuncias, las compruebe y las califique".
El ministro portavoz de Gobierno, Francisco Vidal, confirmó que los casos de falsos detenidos fueron abordados hoy en el último consejo de gabinete de 2008.
Vidal explicó que la presidenta decidirá hoy mismo si propone al Parlamento tramitar por la vía urgente el proyecto de ley que crea el Instituto de Derechos Humanos y la reapertura de las comisiones que dieron lugar a los informes Rettig y Valech.
La comisión encabezada por Raúl Rettig, que elaboró el conocido "informe Rettig", en 1991 documentó las violaciones de los derechos humanos en Chile durante la dictadura, y estableció que hubo 3.197 víctimas, de las que 1.185 fueron detenidos desaparecidos.
En 2004, en tanto, la comisión que presidió el obispo católico Sergio Valech determinó en noviembre de ese año que 27.255 personas fueron torturadas durante la dictadura militar.
