La presidenta chilena, Michelle Bachelet, promulgó hoy la ley que crea el Instituto de Derechos Humanos, con la ausencia de las asociaciones de víctimas de la dictadura (1973-1990), que rechazan esta iniciativa simbólica de su mandato al considerar que está "hecha a medias".
"En un día como éste es indispensable recordar a todos los compatriotas que fueron víctimas de las violaciones a los derechos humanos, que por supuesto no queremos que vuelvan a ocurrir", dijo Bachelet en una ceremonia celebrada en el Palacio de La Moneda, en Santiago.
Al acto no asistieron ni la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) ni la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, que dudan de la autonomía de ese organismo y critican que su facultad de calificar a nuevas víctimas no sea permanente.
El Instituto sí tendrá la facultad de presentar querellas ante violaciones de los derechos humanos, tal como pedían las víctimas.
En concreto, podrá deducir querellas respecto de hechos que sean delitos de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra, desaparición forzada, tortura, tráfico de inmigrantes o trata de personas.
Por otra parte, existe controversia sobre si el Instituto podrá querellarse sólo sobre hechos que sucedan a partir de ahora, o si esa facultad será con efecto retroactivo.
El abogado Enrique Aldunate, que participó en las últimas etapas de discusión de esta ley, explicó a Efe que la redacción de la norma sí permite interpretar que también podrá querellarse respecto a hechos del pasado.
No obstante, la ley amplía las facultades del programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, que hasta ahora ejercía sólo como coadyuvante de la Justicia, y le otorga la facultad de querellarse ante casos ocurridos en el pasado.
Por otro lado, las víctimas critican que el instituto no tenga la facultad permanente de calificación de víctimas que no constan en los informes elaborados tras la dictadura, por lo que sólo se dispondrá de ocho meses, a partir de la enterada en vigor de la norma, para recibir denuncias sobre nuevos casos.
La Comisión Rettig documentó en 1991 un total de 2.279 casos de ejecutados y desaparecidos políticos durante la dictadura, mientras que la Comisión Valech certificó los casos de 28.000 torturados y presos políticos, que se dieron a conocer en 2004.
El nuevo instituto se constituirá como una corporación autónoma con patrimonio propio, tendrá un consejo directivo, otro consultivo y un director general, y estará supervisado por la Contraloría, órgano fiscalizador de la República.
Sin embargo, las víctimas creen que esa autonomía es "entre comillas", ya que los miembros del directorio son designados por el presidente de la República, por el Parlamento y por las universidades, según dijo a Efe Lorena Pizarro, presidenta de la AFDD.
Por otro lado, el instituto reforzará las políticas de reparación económica, al establecer nuevas pensiones para los menores de edad nacidos en prisión y para los familiares de las víctimas de violaciones de derechos humanos.
Además, propone que el informe que cada año publique el instituto pueda ser presentado a Naciones Unidas, a la Organización de Estados Americanos y a instituciones dedicadas a la defensa y promoción de los derechos humanos.
