El apoyo para la anulación de la ley de caducidad, que puso fin a los juicios contra las violaciones de los derechos humanos en Uruguay durante la dictadura (1973-1984), se redujo entre la población en el último mes, según una encuesta difundida hoy.
El próximo 25 de octubre, de manera simultánea a las elecciones generales, los uruguayos deberán decidir con su voto, por segunda vez, si se anula o se mantiene la ley.
El 37 por ciento de los uruguayos "está seguro" que votará por el "sí" a la anulación y un 9 por ciento "es probable" que lo haga, de acuerdo a la encuesta de la empresa Factum.
En el mes de junio, el "sí" seguro logró el apoyo del 42 por ciento y el "probable" el 5 por ciento.
Por el contrario, el 30 por ciento de los uruguayos está seguro que votará por el "no" y el 4 por ciento señaló que es probable que elija esa opción.
Un alto porcentaje de los uruguayos, el 20 por ciento, según la encuesta, está indeciso sobre que votará.
En marzo, cuando la empresa inició las consultas, el nivel de apoyo para anular la ley de caducidad fue del 47 por ciento y en abril llegó a su punto más alto con el 50 por ciento.
La anulación de la ley de caducidad es impulsada por la principal central obrera del país (PIT-CNT) y organizaciones defensoras de los derechos humanos, entre otras.
La ley fue aprobada por el Parlamento en 1986, tras el retorno a la democracia, y refrendada en 1989 por los uruguayos en las urnas con el apoyo del 60 por ciento de los votos.
Los impulsores de la anulación señalan que en aquella votación influyó el temor de la gente frente al recuerdo fresco de la dictadura.
