El Estado brasileño aseguró hoy que una comisión conformada por varias instituciones trabaja en la búsqueda de 70 personas desaparecidas entre 1972 y 1975 durante la dictadura, hechos por los que se celebra un juicio en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Costa Rica.
Un representante de la dirección de Derechos Humanos de la cancillería brasileña, Carlos Eduardo Oliveira, declaró a Efe que la comisión de búsqueda fue integrada en 2009 y hasta el momento ha encontrado 12 cuerpos, de los cuales se han identificado dos.
"El Estado reconoce que es su obligación emprender esfuerzos para identificar los cuerpos y garantizar a las víctimas el derecho de saber la localización de los restos mortales de sus familiares para que las puedan sepultar", dijo Oliveira.
Sin embargo, la parte demandante afirma que esa comisión de búsqueda fue creada en 2009, después de que se presentara la denuncia ante la CorteIDH, y que no ha dado resultados satisfactorios.
Oliveira aseguró que el Estado reconoció años atrás la responsabilidad por las desapariciones forzadas durante la dictadura militar (1964-1985) y en el caso que se debate en la Corte Interamericana también ha ofrecido reparación material e inmaterial a los familiares de las víctimas.
"El Estado sigue haciendo esfuerzos por distintos mecanismos para el rescate de la memoria de los hechos", comentó Oliveira, al referirse a un proyecto de ley que busca crear una comisión de la verdad.
Esa comisión tendrá la misión de "identificar clara y precisamente las circunstancias en que han sido cometidas violaciones a los derechos humanos y la identificación de los responsables", dijo.
La audiencia de dos días ante la Corte Interamericana, que concluye hoy, es por el caso conocido como Gomes Lund (Guerrilla de Araguaia) contra Brasil, y concluye hoy con los alegatos finales de las partes.
Los familiares de los desaparecidos afirman que el Estado ha obstaculizado las investigaciones y que la ley de amnistía de 1979 ha evitado que se identifiquen a los responsables.
Para Oliveira, la amnistía se enmarca dentro de "un proceso más amplio de justicia transicional" en el que se "perdonó a personas que habían cometido actos violentos contra el Estado y también a agentes del Estado que cometieron violaciones en el marco de la represión política".
Uno de los objetivos de los demandantes es que la Corte Interamericana declare que las violaciones a los derechos humanos no son sujetas a amnistía, como lo ha hecho con casos anteriores de otros países.
