El Senado de Brasil aprobó hoy la creación de una comisión para investigar las violaciones de derechos humanos ocurridas durante la última dictadura militar (1964-1985).
El grupo especial podrá determinar responsabilidades pero no tendrá cómo llevar a los posibles acusados ante la Justicia, pues una amnistía ratificada en 2010 por el Supremo Tribunal ampara a los torturadores y a quienes se alzaron en armas contra el régimen.
La llamada Comisión de la Verdad estará integrada por siete personas "de reconocida idoneidad y conducta ética, identificadas con la democracia y la institucionalidad constitucional, así como con la defensa de los derechos humanos", según el texto legislativo.
La comisión tendrá dos años para llevar a cabo sus investigaciones, que darán lugar a un informe que será hecho público y luego depositado en el Archivo Nacional.
La votación en el Senado fue simbólica, procedimiento que se sigue cuando el proyecto cuenta con amplio respaldo en todo el arco político.
El proyecto ya recibió previamente el beneplácito de la Cámara de los Diputados y antes de convertirse en ley, pasará por el formalismo de recibir la sanción de la presidenta Dilma Rousseff, cuyo Gobierno impulsó el proyecto.
Rousseff fue víctima de torturas en los dos años que estuvo presa en los años 70 durante la dictadura debido a sus vínculos con grupos guerrilleros opuestos al régimen.
