El Supremo Tribunal de Brasil retomará mañana el juicio por la extradición del ex activista de izquierdas Césare Battisti, condenado en Italia por cuatro asesinatos y a quien el Gobierno brasileño le concedió un polémico estatus de refugiado.
La corte comenzó a juzgar el caso el pasado 9 de septiembre, pero no llegó a una decisión definitiva y suspendió la audiencia después de que cuatro de sus once magistrados votaron en favor de su entrega a Italia y otros tres lo hicieron en contra.
El caso tiene serias aristas políticas, diplomáticas e incluso jurídicas y relacionadas con el derecho internacional de refugio, pues una persona amparada por ese estatus no puede ser extraditada.
Battisti, quien fue miembro del grupo Proletarios Armados por el Comunismo (PAC), brazo de las Brigadas Rojas, fue juzgado en Italia en ausencia y condenado a prisión perpetua en 1993.
Estaba entonces en Francia, que le había concedido un refugio político, pero huyó en 2004, cuando el Gobierno galo se disponía a revocar esa condición para extraditarlo a Italia.
Fue capturado en marzo de 2007 en Río de Janeiro y desde entonces permanece recluido en una cárcel de Brasilia a la espera de que se defina su destino.
Tras su detención, solicitó refugio político en Brasil, lo que le fue negado por el Comité Nacional para Refugiados (Conare), organismo con competencia en esta área que depende del Ministerio de Justicia.
No obstante, el ministro de esa cartera, Tarso Genro, aprobó la solicitud de refugio en enero pasado, lo que generó una tormenta diplomática y llevó al Gobierno de Italia a retirar a su embajador en Brasil durante casi un mes.
Italia sostiene, así como los magistrados que han votado en favor de su extradición, que los crímenes atribuidos a Battisti no tenían naturaleza política, mientras que la defensa del ex activista alega su inocencia y sostiene que fue víctima de un proceso viciado.
Según magistrados proclives a su extradición, Brasil debe atender el pedido de Italia y no puede manifestarse sobre el mérito de las acusaciones ni de la sentencia proferida por tribunales italianos.
Sin embargo, Genro respalda la tesis de la defensa y afirma que Battisti es "una víctima" de Italia, que pretende usarlo "como chivo expiatorio" de la violencia de los años 70.
El ministro brasileño volvió a defender este martes la concesión del refugio, bajo su convicción de que se trata de un asunto "humanitario" y de que hay "fundados temores de persecución" en el caso.
Genro insistió en la tesis de la "soberanía" de Brasil en cuanto a cuestiones de refugio y se dijo "sorprendido" por la "arrogancia" y las "presiones" del Gobierno italiano para lograr su extradición.
"Es una postura vergonzosa para Italia y un intento de humillar a Brasil", afirmó el ministro.
El magistrado Cezar Peluso, que actúa como juez instructor de la causa, tiene una opinión distinta y ha recomendado al Supremo que se pronuncie en favor de la extradición, lo que podría abrir grietas entre los poderes Ejecutivo y Judicial.
Según Peluzo, en los crímenes atribuidos a Battisti "no existe" naturaleza política y fueron cometidos en un régimen democrático, por lo que el activista italiano no podría ser beneficiado con el refugio.
"Los homicidios en cuestión fueron practicados con frialdad y en circunstancias distintas. Se trata pura y simplemente de la ejecución de sentencias por crímenes penales comunes", indicó el magistrado en su informe.
Tras su detención en Brasil, Battisti ha recibido el respaldo de amplios sectores de izquierda y dirigentes del oficialista Partido de los Trabajadores (PT), como el ex ministro José Dirceu o el senador Eduardo Suplicy.
También ha obtenido apoyo en Francia, donde la ex primera dama Danielle Mitterrand, que incluso ha visitado Brasil para abogar por él, lidera un movimiento en favor de que se le mantenga el estatus de refugiado.
