El Gobierno de Brasil pidió hoy la revisión de la ley aprobada por el estado de Arizona (EE.UU.) que criminaliza la inmigración ilegal, ya que a su juicio puede "sacrificar" los derechos humanos de los inmigrantes en ese país.
"El Gobierno brasileño se une a las manifestaciones contrarias a la ley (...) y espera que sea revisada para evitar la violación de los derechos de millones de extranjeros que viven y trabajan pacíficamente en Estados Unidos", afirma comunicado difundido hoy por la cancillería.
El Ejecutivo brasileño consideró que dar el mismo trato a los indocumentados y a los criminales "subvierte las nociones elementales de humanidad y justicia".
La mayor preocupación de las autoridades brasileñas es el poder discrecional que van a tener los policías de Arizona para determinar el encarcelamiento de los extranjeros irregulares, lo que va a conducir "al sacrificio de los derechos humanos de los emigrantes".
La ley aprobada en Arizona convierte en delito menor la presencia ilegal en el estado y otorga a los departamentos policíacos la autoridad de cuestionar el estatus de una persona si existe "sospecha razonable" de que es un inmigrante ilegal.
También contempla penalizaciones a quienes transporten o den trabajo a un indocumentado y otorga el derecho a cualquier persona de demandar a los departamentos policíacos, agencias estatales o ciudades que no apliquen las nuevas regulaciones.
La nota de la cancillería de Brasil recuerda que ese país se ha pronunciado "firme y reiteradamente" en los foros internacionales en contra de este tipo de legislaciones, que ha sido criticada por autoridades de todo el mundo y hasta por miembros del Gobierno del presidente estadounidense, Barack Obama.
Asimismo, el ministerio de Asuntos Exteriores brasileño puso como ejemplo y "camino a seguir" la política migratoria del Gobierno del presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que el año pasado promovió una amplia regularización de los extranjeros indocumentados.
Al final de ese proceso de regularización, el Gobierno brasileño concedió permisos de residencia a cerca de 42.000 extranjeros, la mitad de ellos procedente de Bolivia.
