Más de 600 familias de campesinos pobres que ocupaban fincas abandonada en el norte de Guatemala fueron desalojadas de forma violenta por las autoridades esta semana, hechos en los que uno de ellos murió y otros diez resultaron heridos, denunció hoy el Comité de Unidad Campesina (CUC).
"Más de 600 familias han sido desalojadas por más de 2.000 soldados y policías" en cerca de doce fincas privadas ubicadas en el Valle del Polochic, en el norteño departamento de Alta Verapaz, aseguró a los periodistas Daniel Pascual, líder del CUC.
Como consecuencia de esas acciones, que se iniciaron el pasado martes, un campesino murió a manos de las fuerzas de seguridad, diez más resultaron heridos y otros dos fueron detenidos por la policía, aseguró Pascual.
El líder campesino había denunciado en un principio el pasado miércoles que los campesinos muertos en estos incidentes habían sido dos, mientras que las autoridades no han informado de víctimas.
"Hemos sido testigo de cómo la policía y los soldados queman las viviendas de los campesinos, y los tractores de los supuestos propietarios de las fincas destruyen las siembras de milpa (maíz)", indicó.
Según Pascual, miles de campesinos pobres de Guatemala "debido al hambre y la falta de empleo" se han visto obligados a ocupar fincas que permanecen abandonadas o son propiedad del Estado, en donde "cultivan sus granos para que no haya hambre".
Pascual criticó el "excesivo" uso de la fuerza para desalojar a los campesinos, y acusó al Gobierno de no atender las demandas de los miles de labriegos que carecen de tierras para cultivar.
Por su parte, Carla Caballeros, directiva de la Cámara del Agro de Guatemala, que aglutina a los principales terratenientes del país, en declaraciones a una radio local aseguró que los desalojos se han realizado con base en órdenes emitidas por un juez competente.
"Nuestra posición es que la ley se debe respetar. El estado de derecho debe prevalecer. Hay personas acostumbradas a actuar al margen de la ley. Los desalojos que se están efectuando son ordenados por un juez, es el proceso legal", subrayó Caballeros.
El Gobierno del presidente Álvaro Colom, por medio de un comunicado de prensa, anunció que para garantizar la gobernabilidad del país continuará con el cumplimiento de todas las órdenes de desalojo y de captura "relacionadas con medidas legales y de hecho".
Además, anunció su decisión de "congelar" todos los espacios de diálogo en el que participan organizaciones sociales "que están desarrollando medidas ilegales y de hecho hasta que éstas sean levantadas".
El reclamo de tierras por parte de miles de campesinos pobres y la ocupación por parte de éstos de fincas privadas que permanecen abandonadas, ha sido una constante en Guatemala durante los últimos 50 años, que ningún Gobierno ha logrado resolver.
