Las fuerzas de seguridad de Guatemala capturaron hoy a un oficial del Ejército, cuatro agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y dos ciudadanos de Corea del Sur acusados del secuestro y asesinato de un empresario de ese país asiático.
"Hemos desmantelado a una banda criminal. Lamentamos que haya (dentro de sus integrantes) cuatro elementos de las fuerzas civiles y un oficial del Ejército con el grado de mayor", dijo el ministro guatemalteco del Interior, Raúl Velásquez, a los periodistas.
Entre los detenidos, precisó el funcionario, también se encuentran dos surcoreanos identificados como Woo Kum Yaeg y Young Gag Lee, dueños de "un casino irregular" instalado en una zona comercial del sur de la capital.
"Para nosotros esto es muy satisfactorio. Es un mensaje al pueblo de Guatemala de que no importa quién esté involucrado. No estamos encubriendo a nadie", agregó Velásquez.
Los detenidos son acusados de haber participado en el secuestro y posterior asesinato del empresario coreano Te Paek Soung Kim, de 54 años de edad, cuyo cadáver fue hallado con señales de tortura el pasado 2 de febrero en un terreno baldío del municipio de Palín, unos 50 kilómetros al sur de la capital guatemalteca.
El jefe de la Fiscalía contra el Crimen Organizado, Rony López, dijo a la prensa que la víctima solía frecuentar el casino propiedad de los sus compatriotas, donde el pasado 17 de enero había ganado supuestamente unos 200.000 quetzales (cerca de 24.000 dólares) apostando en juegos de azar.
Horas después de cobrar el dinero ganado, Te Paek Soung Kim fue supuestamente secuestrado en un sector del sur de la capital por el mayor del Ejército, Hugo Leonel Zielke Puac, y los agentes de la PNC, Ernesto Gutiérrez, Jairo Orozco, Osmandi López y Jorge Ramírez Cerna.
Los secuestradores exigieron un rescate de 1,5 millones de dólares a cambio de su liberación, pero los familiares sólo pudieron pagar una parte de esa suma, por lo que Te Paek Soung Kim fue torturado y asesinado.
Los siete detenidos serán procesados por los delitos de asociación ilícita, conspiración, secuestro y asesinato, que contemplan penas de hasta 30 años de prisión.
El Gobierno guatemalteco ha reconocido que la PNC es la institución del Estado guatemalteco que más ha sido infiltrada por grupos criminales.
