El fiscal nacional de Chile, Sabas Chahuán, descartó hoy cerrar los juicios contra mapuches procesados por la ley antiterrorista, porque ello "puede constituir un delito".
"Sería ilegal, inconstitucional y derechamente podría constituir un delito si cerramos los procesos", afirmó Chahuán a la radio Cooperativa.
"No se pueden cerrar los procesos, porque, además, ya pasó la etapa de acusación, hay un juicio oral y los fiscales tienen que sostener la acusación", añadió y aseguró que los comuneros imputados por la ley antiterrorista son una mínima parte de los delitos investigados en el marco del llamado "conflicto mapuche".
"Hay más o menos 400 causas que se han iniciado por este problema mapuche y en el 1,5 por ciento de ellas se ha invocado la ley antiterrorista", afirmó.
En su opinión, si otros poderes del Estado no quieren que se siga aplicando la ley antiterrorista, "hay que modificarla", porque el Ministerio Público, los fiscales, "están obligados a aplicar la ley como está".
Un grupo de 38 comuneros mapuches, que se consideran presos políticos, mantuvieron en cárceles del sur de Chile una prolongada huelga de hambre, algunos desde el pasado 12 de julio, exigiendo que no les aplique la ley antiterrorista.
También demandaban no ser sometidos a un doble juicio, ante tribunales civiles y militares, ni que en sus procesos se utilicen testigos sin rostro.
Tras negociaciones con el Gobierno, que incluyeron el desestimiento en algunos casos y proyectos de reforma de la ley antiterrorista y la justicia militar, 28 comuneros depusieron el movimiento, mientras diez lo mantienen, por considerar insuficientes las ofertas.
El conflicto mapuche "es un problema de alta política, pero nosotros también tenemos que equilibrar los intereses: hay víctimas también de delitos que han sido afectadas grandemente en sus derechos", consideró Sabas Chahuán.
"El pueblo mapuche tiene legítimas demandas, pero es un problema que se arrastra prácticamente desde que (el general) Cornelio Saavedra (en el Siglo XIX) 'pacificó' la Araucanía. No pretendamos que la Fiscalía arregle un problema de 200 años, de 180 años", concluyó.
En tanto, los camioneros, que han sufrido ataques de comuneros contra sus vehículos, manifestaron hoy su malestar con el Gobierno por haber mostrado "debilidad frente a los terroristas", afirmó José Villagrán, presidente de la Federación de Asociaciones Gremiales de dueños de camiones del Sur.
"Este Gobierno empezó a negociar con los terroristas, eso nos preocupa porque entregó señales débiles y esta situación no terminará nunca en La Araucanía. Nosotros siempre hemos mantenido que quienes nos quemaron los camiones son terroristas", dijo Villagrán a radio Cooperativa.
Según el dirigente, en La Araucanía son cuarenta los camiones que han sido asaltados e incendiados en los últimos años.
Agregó que su gremio solicitará una audiencia con Piñera para mostrarle su malestar por la situación y subrayó que esperan que el Ministerio Público siga adelante con las querellas por ley Antiterrorista.
En cumplimiento de los acuerdos alcanzados con los comuneros en ayuno, el Gobierno solicitó el lunes la recalificación del delito en un juicio por el asalto e incendio, el año pasado, de un fundo en la localidad de Lautaro, cercana a Temuco.
"Con estos gestos queremos hacer entender a quienes aún están en huelga de hambre que pueden confiar en nuestra palabra", afirmó en la ocasión Andrés Molina, intendente (gobernador) de La Araucanía.
En tanto, el obispo católico de Temuco, Manuel Camilo Vial, inició gestiones con los comuneros que mantienen el ayuno, siete de los cuales permanecen hospitalizados por la debilidad de su estado, en procura de que accedan a deponer el movimiento.
