La Orden de los Abogados de Brasil (OAB) envió hoy una misiva a la presidenta del país, Dilma Rousseff, para conminarle a que indemnice con celeridad a un grupo de víctimas de la dictadura, como ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El presidente de la OAB, Ophir Cavalcante, solicitó en la carta el cumplimiento "inmediato e integral" de la sentencia, dictada el pasado noviembre, en relación al caso Gomes Lund y otros, conocido como "Guerrilha do Araguaia", según una nota emitida por el organismo.
"El eventual incumplimiento de cualquiera de las determinaciones de la sentencia de la Corte representará un retroceso sin precedentes en la evolución de los derechos humanos en Brasil y en las Américas", concluye la misiva.
La Corte ordenó al Gobierno indemnizar a las familias de las 70 víctimas, campesinos y miembros del Partido Comunista, que fueron detenidas de forma arbitraria, torturadas y después asesinadas por el Ejército brasileño entre 1972 y 1975, según la sentencia.
La CIDH prohibió que el Gobierno pueda invocar la Ley de Amnistía de 1979, con la que se eximió de responsabilidad a los represores por los crímenes de índole política, para evitar el castigo de los culpables, y le obligó a asumir públicamente la responsabilidad del Estado brasileño por la desaparición forzada de personas.
La sentencia ordena pagar a cada víctima que no ha recibido una reparación la suma de 3.000 dólares por daño material, por daño inmaterial 45.000 dólares a cada familiar directo y 15.000 dólares a cada familiar indirecto incluido en el caso y a los que eventualmente se incluyan conforme avance la pesquisa.
En total la Corte enumera e identifica a 62 desaparecidos o muertos, más 44 familiares directos y 71 familiares indirectos y da un plazo de seis meses para identificar a otros ocho guerrilleros para admitirlos como víctimas.
También el Estado de Brasil tendrá que asumir el coste de la atención médica, psiquiátrica y psicológica de todas las víctimas en el territorio de ese país y en el extranjero.
Brasil tiene de plazo hasta noviembre para presentar a la CIDH un informe sobre el cumplimiento de la sentencia del caso, lo que incluye la divulgación de toda la información relativa a violaciones de derechos humanos durante la dictadura brasileña (1964-1985).
