La Procuraduría General de Colombia abrió una investigación preliminar a funcionarios, congresistas y otros cargos de elección popular, para establecer si fueron receptores de dinero del disuelto Grupo DMG, acusado de captación ilegal de fondos, informó hoy el titular de ese despacho, Edgardo Maya.
Será una revisión "candidato por candidato, comenzando por las 32 gobernaciones departamentales, para que sea la ciudadanía la que escudriñe" si fueron beneficiarios de esa firma intervenida por el Gobierno, señaló Maya a los periodistas.
Según la indagación, se tratará de establecer si concejales municipales, diputados departamentales o congresistas se beneficiaron a cambio de permitir las operaciones a ese grupo que cataba dineros ilegales de los ahorradores.
El procurador general reveló que en las primera investigaciones y registros de las instalaciones de la firma fueron hallados unos 100.000 millones de pesos (aproximadamente 42,5 millones de dólares), pero lamentó que se hubiesen demorado otros allanamientos que habrían permitido hallar mas dinero.
"Como fue tardía la acción de las autoridades por un término de dos o tres días hoy no ha sido posible hallar el dinero ya que se brindó la oportunidad que se cambiaran de lugar todos los dineros que pudieron existir", precisó Maya.
La Procuraduría General también investigará, anunció Maya, a todas las entidades oficiales encargadas del control del sistema financiero y de la constitución de sociedades.
"En estos aspectos puede ponerse a prueba la fortaleza de nuestro sistema penal y las captaciones (de dinero) van a tener los ojos puestos en la administración de justicia", dijo el procurador general.
Cálculos divulgados por algunos medios periodísticos señalan que unos dos millones de colombianos pudieron haber sido estafados por las empresas financieras denominadas "pirámides" y el grupo DMG.
Las primeras captaban el dinero de los ahorradores a cambio de jugosos beneficios, pero acabaron quebrando sin devolver el dinero, mientras que el segundo basaba su actividad en la comercialización de bienes y servicios mediante tarjetas de "prepago".
