El Gobierno colombiano descartó hoy que EE.UU. haya decidido suspender la ayuda militar a tres unidades del Ejército que estuvieron involucradas en el escándalo de las ejecuciones extrajudiciales, por el cual renunció el comandante de esa fuerza, general Mario Montoya, y otros 27 uniformados.
El ministro colombiano de Defensa, Juan Manuel Santos, aseguró hoy al ratificar a la cúpula militar en sus cargos, que habló sobre el tema con el embajador de EE.UU. en Colombia, William Brownfield, y él le aseguró que ese hecho no es cierto.
"Yo recibí esa información de un periodista, verifiqué con el señor embajador y me dijo que no era cierta, que había habido una mala interpretación de algo que se dijo en Washington", expresó el funcionario.
La situación actual de certificaciones por derechos humanos de Estados Unidos a Colombia "es exactamente la misma que teníamos ayer o hace unos meses, o sea que esa información no es cierta", aclaró Santos.
El escándalo de las ejecuciones extrajudiciales se remonta a septiembre pasado, cuando se conoció la ejecución de 23 jóvenes que desaparecieron en enero pasado y que días después fueron reportados como "bajas en combate", cuando al parecer habían muerto a manos de militares.
Estos adolescentes fueron supuestamente reclutados por el Ejército y enviados desde Soacha, localidad colindante con Bogotá, hasta una región rural del departamento de Norte de Santander, a unos 800 kilómetros al noreste de la capital, donde fueron dados por muertos como guerrilleros caídos en combate.
Un documento enviado por un delegado oficial de la embajada de Estados Unidos en Bogotá a varios medios transcribe una entrevista de un funcionario de Washington, que no identificó, con CNN en el que asegura que no se suspenderá la ayuda militar a Colombia, pero sí se decidió que tres unidades militares "ya no califican para recibir la asistencia".
"Una medida que hemos tomado con base en información proporcionada por el Gobierno de Colombia de que estas unidades estaban involucradas en la violación de derechos humanos. Así se hizo para garantizar que las unidades que participaron en los homicidios de Soacha no recibieran la asistencia de EE.UU.", dijo el entrevistado.
Además, agregó que 15 de los 27 militares destituidos, entre ellos tres generales, por las ejecuciones extrajudiciales recibieron "algún tipo de capacitación individual en los últimos años" por parte de Estados Unidos".
"Varias de las brigadas involucradas habían recibido asistencia en algún momento, pero esta había sido suspendida por sospecha de abuso a los derechos humanos", añadió.
El escándalo llevó a que el presidente colombiano, Álvaro Uribe, anunciara hoy que en cada unidad militar y policial habrá un oficial para recibir quejas sobre posibles abusos y violaciones de los derechos humanos cometidos por la fuerza pública.
El Observatorio de Derechos Humanos de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, que agrupa a diversas ONG, reveló hace pocos días que entre enero de 2007 y junio de 2008 se cometieron en total 535 ejecuciones "extrajudiciales" en las que estarían involucrados "directamente" miembros de la Fuerza Pública.
