Un total de 2,4 millones de colombianos ha tenido que dejar su pueblo o ciudad desde 2002 debido a la agudización del conflicto armado como consecuencia de la "política de seguridad democrática" aplicada por el presidente Álvaro Uribe, según un informe difundido hoy.
La organización no gubernamental Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), que presentó hoy su Informe 2009, señaló que esos 2,4 millones suponen el 49 por ciento de los 4,9 millones de desplazados que ha dejado la guerra interna en los últimos 25 años.
Todas esas personas se vieron obligadas a dejar sus hogares y sus tierras a causa de los enfrentamientos entre el Gobierno y las guerrillas, así como por la acción de los paramilitares y de los narcotraficantes.
En la misma rueda de prensa en la que presentó su informe, Codhes, una de las ONG más rigurosas en el estudio del conflicto colombiano, también analizó la política de seguridad del Gobierno de Uribe, quien asumió la presidencia en 2002.
Estas cifras "cuestionan seriamente ese modelo", basado en la recuperación del control del territorio nacional, dijo el presidente de Codhes, Jorge Enrique Rojas.
Sólo en 2009 "alrededor de 286.389 personas fueron desplazadas" frente a las 380.863 de 2008, año éste último que Rojas calificó de "pico" por marcar un récord histórico.
"Es evidente que hay avances en algunos sectores de la sociedad pero no para toda la población, lo cual pone en entredicho el componente democrático de la política de seguridad", insistió.
Para el presidente de Codhes, Colombia se encontraría ante "un salto al vacío si persiste la guerra interna, el despojo y la no restitución de tierras, la irrupción de nuevas bandas paramilitares, la diseminación de cultivos de uso ilícito, la fragmentación de carteles de la droga y el modelo de desarrollo rural que acentúa la iniquidad y profundiza la injusticia social en el campo".
Los departamentos más afectados son Chocó, Nariño, Antioquia, Córdoba, Cauca, Arauca, Valle del Cauca, Risaralda, Bolívar, César, Meta y Guajira.
Codhes anota que sólo el departamento de Nariño registra el 56 por ciento del total de los movimientos masivos de desplazamiento forzoso.
Este departamento fronterizo con Ecuador, donde habita buena parte de los indígenas colombianos, es el más afectado por la guerra ya que el Ejército mantiene enfrentamientos constantes con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la mayor guerrilla del país.
Rojas alertó de que los grupos paramilitares siguen presentes en una buena parte de las regiones y de que "las confrontaciones entre la guerrilla y el Gobierno tienden a incrementarse".
Además llamó la atención sobre el fuerte desplazamiento generado por la fumigación de cultivos ilícitos de hoja de coca, que deriva en "la fragmentación de los carteles de la droga".
En su presentación, Rojas también alertó de que el desplazamiento "está agravando la crisis humanitaria en las ciudades", donde van a parar las víctimas despojadas de sus tierras y expulsadas de sus hogares, motivo por el que "la violencia urbana se está reconfigurando".
Bogotá, Medellín o Cartagena son ejemplos claros de un rebrote de la violencia urbana en barrios súper poblados por desplazados, donde operan además paramilitares y narcotraficantes.
Por otro lado, la dinámica de guerra despojó de 5,5 millones de hectáreas a por lo menos 380.000 familias campesinas de 1999 a 2007.
Así "el total de habitantes rurales habría disminuido en un millón de personas al pasar de 10,3 a 9,3 millones", eso significa que "durante el actual Gobierno se registra una disminución de la población rural de por lo menos el nueve por ciento".
Otro drama al que hizo referencia Codhes se refiere a la alarmante cifra de refugiados, ya que hasta 2008 ese número se elevaba a 374.000, mientras que sólo en 2008 al menos 25.430 colombianos solicitaron asilo en 34 países.
"Colombia es el quinto país de origen de refugiados en el mundo después de Afganistán, Iraq, Somalia y Sudán", destacó Rojas.
Por su lado, el director de Codhes, Marcos Romero, criticó al Gobierno por presentar "informes preliminares como definitivos para hacer propaganda" y le pidió "que no niegue la realidad" de los desplazados en Colombia.
Asimismo pidió cuentas a la Procuraduría General sobre los motivos que la llevaron a rechazar la petición de estatus de desplazado a por lo menos 100.000 colombianos que lo habían solicitado.
