El Gobierno de Colombia se propone salvar el patrimonio histórico del país mediante un decreto que exige planes de salvaguardia y conservación a los propietarios de los bienes, en una clara intervención del Estado.
Así lo anunció hoy la ministra colombiana de Cultura, Paula Marcela Moreno, quien en un encuentro con periodistas señaló que el Decreto 763, promulgado el 10 de marzo por el presidente Álvaro Uribe, responde a que existen "muchas condiciones de emergencia".
El objetivo es "la salvaguardia y la sostenibilidad para que el patrimonio perviva", apuntó Moreno, al dejar claro que los bienes pueden ser de propiedad pública o privada y que en ningún caso habría privatizaciones.
Una de las novedades es que los propietarios privados (particulares o empresas) tendrán incentivos tributarios, "hasta por un periodo de cinco años", si ejercen sobre el patrimonio labores de rehabilitación y restauración, detalló, por su lado, la directora de Patrimonio del Ministerio de Cultura, María Claudia López.
El primer paso es la creación de consejos en cada departamento para identificar todos los tesoros históricos que dispone el país, teniendo en cuenta que en la actualidad Colombia tiene registrados 1.134 bienes materiales como Patrimonio Cultural de la Nación.
A continuación, los propietarios deberán presentar "planes de sostenibilidad y conservación", que deberán cumplirse por todas las partes, indicó López.
Agregó que "los objetivos de la política estatal es la salvaguardia, protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación del Patrimonio Cultural de la Nación, con el propósito de que sirva de testimonio de la identidad cultural nacional".
La ministra justificó que los bienes se mantengan en manos privadas, al considerar que "la rehabilitación es costosa" y si dependiera exclusivamente del Estado no sería posible.
Por ello, dijo que el sector privado es clave, dados los escasos recursos con los que cuenta el Ministerio de Cultura.
"Con esta ley, el Ministerio acompaña, pero no puede intervenir en todos los bienes, crea incentivos", aseveró, al insistir: "debe entrar el sector privado para acompañarnos en esta tarea".
Calculó que la intervención de un bien inmueble puede costar entre 4.000 y 5.000 millones de pesos (1,6 y 2 millones de dólares), cuando su Ministerio cuenta con un presupuesto anual para patrimonio de solo 12.000 millones (unos 5 millones de dólares).
De esta manera, únicamente los bienes que se encuentran en manos del Estado podrán acceder a fondos públicos, mientras que los propietarios privados estarán sometidos al cumplimiento de los planes que deben presentar en aras de la conservación.
Por último, el asesor legal del Ministerio y autor de buena parte del decreto, Gonzalo Castellano, consideró que esta norma "es una de las más intervencionistas de América Latina", en alusión al papel vigilante del Estado.
