Colombia tiene desde hoy una Ley de Víctimas y de Tierras única en el mundo
Manila
Colombia tiene desde hoy una Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras única en el mundo, ya que contempla acciones sin precedentes en medio de un conflicto armado activo, lo que llevó al secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, a calificarla como un "paso fundamental" para lograr la paz.
En una solemne ceremonia celebrada en el Patio de Armas de la Casa de Nariño (sede del Ejecutivo), el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, rubricó la ley junto a Ban, quien fue testigo de honor de este momento histórico y comenzó así su visita oficial al país suramericano.
Es un "paso fundamental para comenzar a resolver el conflicto que el pueblo colombiano ha soportado por décadas", dijo el secretario general, al destacar que la ley reconoce a todas las víctimas, incluidos a aquellos que se vieron obligados a abandonar sus hogares acosados por los grupos armados que les arrebataron las tierras.
"Es un honor para mí estar aquí en este día histórico", señaló Ban, para quien ahora el desafío es traducir la ley en resultados.
Santos también se mostró convencido de que se abre la puerta al fin del conflicto: "estamos construyendo las condiciones para la paz y quienes no entiendan esto, y me refiero a los grupos armados ilegales, y quienes no sepan leer esto, habrán perdido para siempre el tren de la historia".
Pero Santos también reconoció que lo que viene ahora es "una larga caminata" porque "esta ley no es un puerto de destino sino una grilla de partida".
Aún así, se mostró convencido de que el ambicioso objetivo se va a lograr: "podemos hacerlo, no llegamos a esta cima para quedarnos sentados sobre ella, ni mucho menos para volver atrás, la escalamos para llevar al país a un mañana de reconciliación, de verdad y de justicia", aseveró, al expresar que la meta es la paz.
"Entendámoslo de una vez y ojalá lo entiendan aquellos que insisten en el lenguaje de las armas y el terror, nuestro país no está condenado a cien años de soledad y ni a cien años de violencia", dijo al mencionar la gran obra del Nobel colombiano, Gabriel García Márquez.
Colombia ha sufrido y llorado mucho, pero ahora tiene "el reto, la obligación, el anhelo de sacudirse las cenizas y continuar el viaje", insistió.
"Ahora más que nunca sentimos que esa hora se aproxima", agregó el presidente, quien afirmó que "hoy es un día histórico" y "de esperanza nacional".
Manifestó que no sólo Colombia sino el mundo "ha sido testigo del propósito de un Estado que está dispuesto a pagar una deuda moral, una deuda largamente aplazada, una deuda con las víctimas de una violencia que va a terminar".
Y señaló que la presencia de Ban Ki-moon "confiere aún más validez y significado al paso histórico" y por ello le agradeció "de corazón este gesto".
Pero recordó que el conflicto armado "no ha terminado"; y por ello pidió a la comunidad internacional que se suma "a este magno proyecto de justicia trasnacional".
Esta ley, que espera indemnizar a cuatro millones de víctimas y devolver dos millones de hectáreas usurpadas a campesinos, tiene cinco elementos claves que la diferencian de cualquier legislación sobre víctimas en el mundo, que tienen que ver con la definición de víctimas y victimarios, y reconocer que en Colombia hay un conflicto armado activo.
Esos cinco elementos, enumeró Santos, son "el Programa de Atención Psicosocial, el Programa de Indemnizaciones Administrativas, la Restitución de Tierras, la Reparación Inmaterial y la Garantía de no Repetición".
No obstante, el presidente colombiano adelantó que los avances "se irán produciendo gradualmente en el curso de los próximos diez años" y para ello se pondrá en marcha una transformación institucional.
"Estamos reunidos para decir ante el país y ante el más alto testigo de la comunidad internacional que valió la pena; valió la pena para ustedes ser elegidos congresistas y para mi haber llegado a la Presidencia de la República", remarcó un exultante Santos, satisfecho con la Unidad Nacional que propuso cuando llegó al Gobierno en agosto de 2010.
Y es que esa Unidad Nacional ha logrado unir a las fuerzas políticas en el Congreso para sacar adelante este ambicioso proyecto.
Esther Rebollo
Ley de víctimas, buen propósito y muchas dudas, según analistas colombianos
La Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras que entró en vigencia hoy en Colombia marca un hecho histórico y abunda en buenos propósitos, pero también arroja muchas dudas sobre su aplicación, advirtieron analistas consultados por Efe. La normativa, sancionada por el presidente Juan Manuel Santos, en una ceremonia en la que el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Ban ki-moon, fue testigo de honor, quiere resarcir a más de cuatro millones de afectados por el conflicto armado interno de casi medio siglo. Pero, tal y como fue aprobada, "presenta varias dudas y problemas que podrían limitar severamente las restitución y reparación" a las víctimas, advirtió a Efe el representante a la Cámara y reconocido líder de la izquierda colombiana Iván Cepeda. La primera de esas inquietudes, explicó Cepeda, "es, indudablemente, la seguridad de las víctimas y de quienes esperan esta reparación". Según el legislador, cuyo padre, el dirigente comunista Manuel Cepeda, fue asesinado en 1994, esos obstáculos "parten de la constatación de que existen y siguen existiendo zonas de control de las estructuras paramilitares". Es allí, según Cepeda, donde se agudiza el problema, porque en esas zonas con fuerte presencia de la ultraderecha armada y de bandas criminales, "con su 'parapolítica" y su 'paraeconomía', el Estado no ejerce control de administración publica, y allí viven comunidades opuestas a éstas". Así, añadió, la ley "tiene limitaciones y alcances que no satisfacen los estándares internacionales y dejan por fuera a miles de personas" y, por tanto, debe resultar efectiva en cuanto "al acceso a la verdad, a la justicia y a la reparación". La nueva norma busca reparar a unos cuatro millones de ciudadanos, víctimas de los actores del conflicto armado interno desde 1985 y se aplicará por un término de diez años. También, devolver hasta 2014, cuando concluya el Gobierno de Santos, unos dos millones de mas de seis millones de hectáreas usurpadas a sus verdaderos dueños. Para Cepeda, congresista del opositor Polo Democrático Alternativo (PDA), en la Ley también hay dudas sobre la definición de víctima y victimario, y en ese caso citó el caso del asesinato, esta semana, de una líder de desplazados en Medellín. "El Gobierno dijo que fueron las 'bacrim' (bandas criminales) y las bacrim no están incluidas explícitamente en la ley", explicó el congresista y también líder del Movimiento de Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice). Por todo ello, concluyó Cepeda, "tal y como está la ley, no ofrece los alcances ni los elementos necesarios para garantizar esa reparación, y por tanto será necesario que haya un fuerte control de la Corte Constitucional sobre varios de sus artículos". El director de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), Marcos Romero, coincidió con Cepeda en que "la seguridad de las víctimas es uno de los principales problemas" de aplicación de la ley. "Hay una asimetría de las víctimas frente a los victimarios, pues pertenecen a instituciones con más poder, a bandas armadas", dijo Romero, al preguntarse: "¿Cómo lograr que las personas (desplazadas) en esta restitución material puedan regresar a sus territorios?" Por tanto, urgió al Estado a "brindar garantías de seguridad" y también a "implementar políticas de desarrollo rural" para que quienes regresen a sus tierras puedan producir. El también analista Fernando Giraldo, catedrático de Comunicación Política de la Universidad Javeriana, además de resaltar que la Ley "abre espacios a la reconciliación", puso de manifiesto las dudas sobre los derechos de las víctimas que se registren una vez entre en vigencia. "Se pueden presentar varias interpretaciones, pues arranca desde 1991 en cuanto a la reparación material, pero hacia atrás es una reparación simbólica y hacia adelante, desde hoy, entra como en una especie de limbo", afirmó Giraldo a Efe. Eso, anotó, "no está muy claro y se presta para múltiples interpretaciones", pero en últimas, indicó, "eso lo debe concretar la Corte Constitucional". Giraldo, Romero y Cepeda coincidieron en que la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras debe tener un "acompañamiento" internacional y por eso pidieron a la ONU ejercer "veeduría".
