La Asamblea General de diputados y senadores del Legislativo uruguayo comenzó hoy a debatir la posible inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad de crímenes cometidos contra los derechos humanos durante la dictadura, un debate que la oposición considera un "fraude jurídico".
Los legisladores de la coalición gobernante, el Frente Amplio, son los promotores de esta reunión del máximo organismo del Legislativo, mientras que los opositores Partido Nacional y Partido Colorado subrayan que sólo el Poder Judicial tiene atribuciones en este asunto.
Es "una farsa jurídica", afirmó el senador Sergio Abreu, del Partido Nacional, grupo que asiste dividido al debate.
Mientras la corriente dirigida por el ex presidente Luis Alberto Lacalle decidió participar en la sesión, la facción Asamblea Nacional, de Jorge Larrañaga, resolvió boicotearlo.
Los otros dos partidos opositores, el Colorado y el Independiente, sí toman parte en los debates y defienden la constitucionalidad de la Ley de Caducidad.
Larrañaga y Lacalle son los dos principales precandidatos del Partido Nacional o Blanco a los comicios generales uruguayos del próximo 25 de octubre.
Precisamente, los opositores afirman que el Frente Amplio pretende utilizar los juicios contra responsables de violaciones de los derechos humanos en la dictadura (1973-1985) como arma electoral de cara a esos comicios.
La convocatoria de la Asamblea General la realizó el jueves pasado el vicepresidente del país y presidente de ese órgano legislativo, Rodolfo Nin Novoa, dos días después de que el Gobierno respaldase la inconstitucionalidad de tres artículos de la Ley de Caducidad presentada por la fiscal Mirtha Guianze en el caso del asesinato de una militante comunista en 1974.
"Para este Poder Ejecutivo, la ley es inconstitucional", dijo el propio Vázquez.
La normativa fue promulgada en 1986 y ratificada de nuevo por un referéndum nacional en 1989.
La Ley de Caducidad es considerada por sus detractores como una auténtica "amnistía" a los militares y policías que en tiempos de la dictadura encabezaron la represión y eliminación de la oposición política.
La aceptación de una excepción en la aplicación de esta Ley puede abrir las puertas al enjuiciamiento de los autores de delitos contra los derechos humanos en los años de la dictadura.
Si el Poder Legislativo avala la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad en ese caso presentado por Guianze, el examen pasará a la Suprema Corte de Justicia para que emita su dictamen, pues la decisión que pueda tomar hoy la Asamblea General no es vinculante.
Este debate sobre la constitucionalidad de la Ley de Caducidad no es nuevo y el Gobierno del Frente Amplio ha interpretado ya la norma desde su subida al poder en marzo de 2005, lo que ha dado lugar a varios procesamientos por crímenes de la dictadura.
Desde diciembre de 2007 está en prisión el ex dictador uruguayo Gregorio "Goyo" Alvarez por delitos de "privación de libertad".
Mientras se reunía la Asamblea General, en las inmediaciones del Palacio Legislativo se concentraban grupos partidarios de la derogación de la Ley de Caducidad y recolectores de firmas para la convocatoria de un referendo al respecto.
Esta campaña para la celebración de una consulta popular destinada a derogar la citada ley ha reunido ya más de 210.000 firmas de las 250.000 necesarias, según indicaron hoy sus responsables.
