Un grupo de exoficiales de la Marina de Guerra de Perú y civiles que integraban la empresa Business Track (BTR) fueron sentenciados hoy a penas de entre siete y dos años de cárcel por espionaje telefónico a una serie de personas.
La Segunda Sala Penal para Reos en Cárcel condenó a siete años de prisión al gerente general de BTR, el exvicealmirante Elías Ponce Feijoo, por interceptación de las comunicaciones y asociación ilícita para delinquir.
Según el tribunal, Ponce Feijoo dirigió la empresa, realizó actividades de inteligencia paralela y reclutó personal militar en actividad y en retiro para espiar a diversos personajes por orden de terceros.
La actividad de BTR salió a la luz en el 2008 cuando la prensa local difundió la grabación de conversaciones telefónicas sobre la concesión de cinco lotes petroleros a favor de la empresa noruega "Discover Petroleum", en los que estaban involucradas personas vinculadas al Gobierno de Alan García (2006-2011).
Tras el escándalo político renunció todo el Gabinete Ministerial que presidía Jorge del Castillo y tiempo después se descubrió que la empresa encargada de registrar las conversaciones era BTR.
El tribunal indicó hoy que existió una "organización criminal" que interceptaba comunicaciones bajo la fachada de BTR, que se hacía pasar como una empresa legal.
Junto a Ponce Feijoo fueron sentenciadas otras siete personas, entre ellas, el marino Carlos Tomasio, encargado del soporte logístico y condenado también a siete años de cárcel y la analista Giselle Gianotti, sentenciada a cinco años de prisión.
En la lectura de la sentencia se señaló que los acusados no muestran arrepentimiento, piensan que han actuado lícitamente y que existe el riesgo de que puedan volver a delinquir.
Además, a los ocho sentenciados se les impuso abonar de forma solidaria al Estado 200.000 soles (unos 74.000 dólares).
Tanto Ponce Feijoo, Tomasio como Gianotti interpusieron un recurso de nulidad a la sentencia, la cual, de no sufrir modificaciones hará que salgan en libertad en 2016.
La sentencia también solicita al Ministerio Público (Fiscalía) y al Congreso que investigue al expresidente Alan García, acusado por Ponce Feijoo de ordenar la interceptación de las comunicaciones en 2006 de su entonces rival electoral, Ollanta Humala, actual jefe de Estado.
