La procuraduría colombiana confirmó hoy su decisión de destituir de manera retroactiva a trece militares que hace cinco años presentaron como guerrillero muerto en combate a un campesino que habían detenido ilegalmente.
Los uniformados fueron también inhabilitados por veinte años para el ejercicio de cargos públicos, según el fallo del mismo órgano de control disciplinario de funcionarios del Estado en Colombia.
En un comunicado divulgado en Bogotá, la Procuraduría General de la Nación informó de que había denegado el recurso de apelación al fallo de primera instancia que le había sido presentado por los implicados.
Los trece uniformados incurrieron "en grave violación al Derecho Internacional Humanitario", ratificó la entidad estatal, que insistió en que todos ellos tuvieron un comportamiento irregular con consecuencias jurídicas penales y disciplinarias.
Los sancionados son dos suboficiales y once soldados de un batallón de lucha contraguerrillera acusados de detener, el 31 de enero de 2004, y luego asesinar a Diosedes Caicedo Palomar, campesino de Iquira, localidad en el departamento sureño del Huila.
Los militares, que habían montado un retén para el control del tráfico, obligaron al campesino a abandonar el transporte público en el que se movilizaba y después le dieron muerte, indicó la procuraduría, que señaló que estos miembros del Ejército Nacional lo reportaron como rebelde muerto en combate.
El campesino apareció vestido con prendas policiales, y armado con un revólver y varias granadas, según advirtió la procuraduría.
Sin embargo, la investigación permitió establecer que Caicedo no tenía vínculos con grupos guerrilleros y fue asesinado por los uniformados, que incurrieron en inconsistencias en los informes oficiales sobre el caso.
"El Ministerio Público concluyó que tanto el arma tipo revólver como las granadas, el bolso verde y los uniformes de uso de la Policía, le fueron colocados a la víctima por los integrantes de la patrulla que reportó su muerte, como parte de una coartada para hacer creíble la versión, según la cual, Diosedes fue dado de baja en un combate con un grupo ilegal armado", enfatizó la fuente.
El caso es uno de los que en Colombia se conocen como "falsos positivos", de muerte de civiles a manos de militares que los presentan como rebeldes muertos en combate para mostrar resultados ante sus superiores y obtener beneficios, como días de descanso.
La Fiscalía General de Colombia avanza en cerca de 1.300 investigaciones por hechos de esta naturaleza, con los que han sido vinculados medio millar de militares.
