Congresistas de América Latina y el Caribe debatirán mañana y el viernes en Sao Paulo la adopción de medidas legislativas para combatir el hambre en la región, una iniciativa apoyada por la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).
El primer Foro Parlamentario contra el Hambre se enmarca dentro de las acciones de la Iniciativa América Latina y Caribe Sin Hambre, propuesta en 2005 por el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y por el ex presidente guatemalteco Óscar Berger, y ha sido considerada por la FAO como una de sus prioridades en la región.
La iniciativa aglutina gobiernos, empresas y organizaciones de la sociedad civil para erradicar el hambre y la desnutrición, además de intentar garantizar la alimentación en América Latina y el Caribe.
Según datos de la FAO, en los últimos años la cifra de personas que pasan hambre en Latinoamérica y el Caribe subió de 47 millones a 51 millones, una situación que fue agravada por la crisis económica mundial.
Una de las prioridades del Frente, organizado por la Asamblea Legislativa de Sao Paulo, el Parlamento Latinoamericano y la Iniciativa América Latina y Caribe sin Hambre de la FAO, será debatir mecanismos políticos y legislativos que aseguren el derecho a la alimentación de los más pobres.
Los debates buscan promover leyes que garanticen el derecho a la alimentación y crear un marco legal que favorezca la institucionalización de la lucha contra el hambre.
Igualmente, buscan conseguir financiación para enfrentar el hambre y asegurar que los presupuestos nacionales tengan entre sus prioridades el combate a la desnutrición crónica infantil.
Durante el foro se expondrá el estado de seguridad alimentaria en los países de la región y se definirán líneas de trabajo y objetivos concretos para cada uno de ellos.
También intervendrán representantes de organizaciones de la sociedad civil, de organismos internacionales y miembros de organizaciones no gubernamentales (ONG).
Los parlamentarios que integran el Frente pertenecen a congresos nacionales y regionales de 22 países que debaten a distintos niveles la seguridad alimentaria como una prioridad legislativa.
