Las protestas contra la minería en la región peruana de Puno, fronteriza con Bolivia, siguen hoy tras el fracaso del último intento de alcanzar un acuerdo entre el Gobierno y los huelguistas, cuya solicitud de que no exista minería en la zona fue calificada de "despropósito constitucional" por el presidente Alan García.
Según informó hoy el ministerio de Energía y Minas, el diálogo iniciado el miércoles se rompió tras siete horas de negociaciones a raíz de que la comisión enviada por el Ejecutivo a la zona no accedió a los reclamos de los pobladores de Puno, que mantienen una huelga desde el pasado 9 de mayo.
Con la suspensión del diálogo, los huelguistas regresaron hoy a las protestas y bloqueos de carreteras, incluido el puesto de Desaguadero, principal paso fronterizo entre Perú y Bolivia.
Aunque en algunos puntos sí se llegó a un acuerdo entre las partes, la exigencia de una norma que cancele las concesiones mineras en el sur de Puno provocó la ruptura de las negociaciones y la decisión de los huelguistas de continuar con las protestas.
"Estos pedidos, ya lo habíamos explicado, son totalmente ilegales y traería serias contingencias al país", afirmó el viceministro de Minas, Fernando Gala Soldevilla, miembro de la comisión de alto nivel del Ejecutivo que se desplazó hasta la localidad de Juliaca, en Puno.
Por su parte, los representantes aimaras (etnia predominante en esa región del país) que formaron parte de las negociaciones consideraron que la comisión enviada para entablar diálogo carece de capacidad resolutiva.
Por ello, el Frente de Defensa de los Recursos Naturales de la Zona Sur reclamó hoy la presencia en la zona de los titulares de las carteras ministeriales involucradas y no de los viceministros.
Los huelguistas también explicaron que la propuesta del Ejecutivo de suspender por 180 días las operaciones de la minera Santa Ana en la zona no haría más que retrasar la solución al problema y recordaron que su reclamo es la suspensión definitiva de las actividades de la empresa.
Tras la suspensión del diálogo, según confirmaron hoy a Efe fuentes policiales de la región, también continúa el cierre prácticamente total de los comercios de la zona, así como de los colegios; mientras que los servicios de salud también iniciaron una huelga y sólo operan ante emergencias.
Según la Policía, unas 7.000 personas protestaban hoy en la plaza de armas de Puno, aunque no se han registrado enfrentamientos con las fuerzas del orden, que calificaron las protestas de "pacíficas".
Por su parte, varias organizaciones de derechos humanos en Puno emitieron hoy un comunicado en el que se solidarizaron con las comunidades campesinas "que vienen luchando por la defensa y protección de sus recursos naturales" de manera "legítima".
"Solicitamos e instamos al presidente Alan García para establecer canales y espacios de diálogo en el más breve plazo, con la finalidad de buscar soluciones justas y pacificas que recojan las preocupaciones y demandas de la población", agrega el comunicado.
Precisamente, García declaró hoy que la solicitud para que no exista minería en Puno es un "despropósito constitucional" que rompe la unidad del país.
"Perú no puede decir que en toda esa zona no abra nunca minería, ese es un despropósito, porque el suelo del país corresponde a todos los peruanos, no porque alguien viva encima es propietario", agregó el mandatario.
Según la Cámara de Comercio de Puno, las protestas dejan hasta el momento pérdidas por 36 millones de dólares, sobre todo en los sectores de comercio y de turismo.
