La decisión del presidente colombiano, Álvaro Uribe, de convertir a estudiantes de Medellín en informantes del Ejército fue criticada hoy por diversos sectores que la calificaron como "un error monumental" que muestra que la situación de violencia en esa ciudad está fuera de control.
El candidato presidencial del Partido Liberal (oposición), Rafael Pardo, aseguró a periodistas que se trata de un "anuncio desesperado" que muestra que la situación de violencia en Medellín se salió de control.
"Estoy seguro que no se va poner en práctica, pero muestra que en Medellín está todo fuera de control y que esta es la repuesta a la violencia en Medellín", dijo el también ex ministro de Defensa.
Pardo añadió que decir que un grupo social específico va a ser parte de la red de inteligencia de la Fuerza Pública es "ponerlo en riesgo, quitarle efectividad y además generar retaliaciones entre las personas que ejercen la violencia con ese grupo específico".
Por su parte, el aspirante presidencial independiente Sergio Fajardo indicó que es "un error monumental porque va en contravía de lo que tiene que ser la educación".
"Esto lo que hace es invitar a jóvenes nuestros a que entren a ese mundo de la violencia", afirmó Farjardo, ex alcalde de Medellín.
Guillermo Baquero, presidente de la Asociación Colombiana de Estudiantes Universitarios, cree que esa medida no disminuirá los delitos ni erradicará el problema de raíz.
El alcalde de Medellín, Alonso Salazar, aseguró a Caracol Radio que ha pedido al Gobierno un incremento del pie de fuerza, pero que la Alcaldía de su ciudad nunca tendrá una red de cooperantes.
El mismo funcionario, en declaraciones a la página electrónica del diario El Tiempo, le pidió al presidente Uribe "reconsiderar" la propuesta y reconoció que "no dimensionó lo suficiente" el tema y afirmó que sectorizar "en un grupo puntual" el tema de los cooperantes es "ponerlos en riesgo".
El ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos anotó que el programa de informantes "ha sido de una gran utilidad para capturar a los delincuentes".
"Me imagino que son estudiantes ya con un criterio", aseguró Santos a esa misma emisora.
El comandante de la Brigada del Ejército que opera en Medellín, general Alberto José Mejía, aseguró a periodistas que la decisión de vincular a un millar de jóvenes universitarios de Medellín como informantes del Ejército "no busca militarizar a los estudiantes".
Entre tanto, el alcalde de Bogotá, Samuel Moreno Rojas, indicó que "los jóvenes de Medellín no pueden ser los sapos (delatores) del paseo".
El precandidato presidencial por el Partido Verde Luis Eduardo Garzón aseguró que "ésta es una propuesta que asimila una 'parapolicía' juvenil y que delega a los privados la responsabilidad que le compete al Estado en materia de seguridad".
El precandidato conservador a la Presidencia de la República Álvaro Leyva señaló, por su parte, que hay que tener "mucho cuidado" porque "se pueden beneficiar de la inexperiencia de la juventud, por lo que se termina procediendo de forma ligera y envolviendo a gente que no está vinculada al conflicto".
"Convertir a los estudiantes en 'acusetas', no sé si sea lo más digno para el estudiante, yo los respetaría y no los convertiría en acusadores", señaló otro precandidato presidencial del partido conservador, José Galat.
Por su lado, el ministro colombiano de Defensa, Gabriel Silva defendió el anunció de Uribe y aclaró que los estudiantes menores de edad no serán aceptados.
El presidente Uribe anunció el martes en Medellín que unos 1.000 estudiantes universitarios de la segunda ciudad colombiana serían vinculados a la red de informantes y que mensualmente recibirían alrededor de 50 dólares de "bonificación".
Silva agregó que la propuesta de Uribe busca impulsar "la política de cooperantes bonificados que ha tenido un inmenso impacto positivo en la recuperación de la seguridad ciudadana en todo el país".
Este anuncio generó hoy una fuerte polémica en Colombia, donde la ONG Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes) señaló que la red de informantes que fomenta el Gobierno "viola el derecho internacional humanitario" porque "no tiene ningún control civil".
"Estas redes generan riesgo para la población civil y queremos saber si el Presidente de la República va a asumir la responsabilidad de las personas que vayan a ser asesinadas por esa decisión", dijo el presidente de Codhes, Jorge Enrique Rojas, en una rueda de prensa.
Agregó que "hay muchos casos de crímenes de la guerrilla motivados por ese argumento" y puso como ejemplo los asesinatos de indígenas awá por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), que acusan a los nativos de ser informantes del Ejército y acaban con sus vidas.
Según Medicina Legal (forense), en 2009 hubo 2.178 homicidios en Medellín, lo cual representa un aumento del 108 por ciento frente a los 1.044 delitos de este tipo registrados el año anterior.
Las redes de informantes civiles están contempladas en la Política de Seguridad Democrática, implementada por Uribe cuando llegó al poder en 2002 y que ha sido desde entonces el eje de su gestión en la lucha contra las guerrillas.
