La Suprema Corte de Justicia de Uruguay declaró inconstitucional la Ley de Caducidad para el caso de cinco guerrilleros tupamaros que en 1974 fueron trasladados clandestinamente desde Argentina al país, donde fueron asesinados, confirmaron hoy a Efe fuentes judiciales.
El caso, el tercero en que se declara inconstitucional en menos de año y medio la ley que dejó impunes los crímenes de Estado durante la dictadura (1973-1985), es conocido como los "fusilados de Soca", porque ocurrió en la localidad de ese nombre, en el departamento de Canelones.
La decisión de la Suprema Corte de Justicia permitirá la investigación de las muertes de Héctor Brum, María de los Ángeles Corbo, Graciela Estefanell, Floreal García y Mirtha Hernández, agregaron las fuentes.
Además, la sentencia puede facilitar la investigación de otros casos como la desaparición de niños durante la dictadura.
Así sucedió por ejemplo con Amaral García, hijo de Floreal García y Mirtha Hernández, que fue secuestrado poco antes de la muerte de sus padres y entregado a la familia de un policía argentino.
Años después García fue localizado por la organización argentina "Abuelas de Plaza de Mayo", actualmente reside en Montevideo y es un activo militante de las causa de defensa de los derechos humanos.
La ley de Caducidad, que puso fin antes de su inicio formal a los juicios contra militares y policías involucrados en violaciones de los derechos humanos durante la dictadura, fue aprobada por el Parlamento uruguayo en 1986, tras el retorno a la democracia, y refrendada por dos plebiscitos en 1989 y 2009.
El año pasado el bloque oficialista de izquierdas Frente Amplio envió un proyecto al Parlamento para dejarla sin efecto, lo que generó una fuerte polémica.
Pese a que el partido gobernante tiene mayoría en ambas cámaras, la ley solamente pudo ser aprobada en Diputados pues varios senadores del Frente Amplio se negaron a apoyarla con el argumento de que el pueblo ya había dado su veredicto sobre la validez de la normativa.
