Un tribunal de garantía de Santiago ordenó hoy prisión preventiva para ocho de los quince presuntos implicados en la colocación de bombas en Chile.
Así lo confirmaron hoy fuentes judiciales, que precisaron que también fue imputado un noveno sospechoso, identificado como Gustavo Fuentes Aliaga, que ya estaba en prisión por otras causas, mientras los seis restantes quedaron en libertad, aunque con orden de arraigo (prohibición de abandonar el país).
Los seis, que fueron recibidos con vítores y aplausos por familiares y amigos a la salida del tribunal, deberán presentarse una vez por semana en un cuartel policial; la audiencia les prohibió además acercarse entre ellos, precisaron las fuentes.
El tribunal dio al Ministerio Público un plazo de 180 días para completar la investigación sobre los 23 atentados con bombas de bajo poder perpetrados en Santiago y otras ciudades chilenas en los últimos años.
El caso es investigado por un fiscal especial, Alejandro Peña, quien acusa a los imputados de ser miembros de una asociación ilícita que tiene el propósito de aterrorizar a la población.
El fiscal vinculó a los sospechosos con grupos anarquistas que se han atribuido algunos de los atentados.
Los sospechosos fueron detenidos en operativos policiales realizados el sábado pasado simultáneamente en Santiago y Valparaíso, que incluyeron allanamientos de algunas "casas okupa".
Tras la audiencia, quedaron en prisión preventiva Rodolfo Retamales, Pablo Morales, considerados los presuntos cabecillas del grupo, así como Mario Hermosilla, Andrea Urzúa, Mónica Caballero, Francisco Solar, Vinisius Aguilera y Felipe Guerra.
Los presuntos cabecillas pertenecieron al ultraizquierdista Grupo Lautaro, que combatió contra la dictadura de Augusto Pinochet y que estuvieron doce años en prisión por atentados terroristas, incluidos homicidios de policías, cometidos a comienzos de los años 90, cuando Chile ya había recobrado la democracia.
Durante la audiencia, los abogados de la defensa llegaron a calificar de "show" las evidencias exhibidas por la fiscalía, que incluían trazos de explosivos hallados en manos y ropas de los sospechosos, decenas de escuchas telefónicas e informes sobre la composición química de las bombas.
