La delegación peruana de Amnistía Internacional (AI) mostró su preocupación por el informe de dicho organismo que fue presentado hoy en Londres y en los que se destacan los numerosos casos de presuntos homicidios por parte de la policía peruana, los cuales continúan impunes.
La directora de AI en el país, Silvia Loli, advirtió en una rueda de prensa en Lima que se está utilizando un decreto de ley de 2007 para impedir investigaciones sobre presuntas ejecuciones extrajudiciales.
Esta norma, según la organización, otorga inmunidad de procesamiento a policías que hieran o maten a sospechosos estando en servicio.
Por otra parte, Loli consideró un "avance internacional" que el año pasado se confirmara la condena a 25 años de cárcel del ex presidente de Perú Alberto Fujimori por violaciones de derechos humanos durante su mandato (1990-2000).
La responsable de AI en Perú opinó que se deben cumplir unos "estándares mínimos" en las cárceles peruanas sin que ello dé lugar a "privilegios", en respuesta a las últimas publicaciones que muestran a Fujimori recibiendo cientos de visitas y coordinando unas obras en el penal donde está recluido.
No obstante, Loli criticó la falta de avances en la aplicación de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, puesta en marcha en 2001 para investigar las violaciones de derechos humanos perpetradas durante el conflicto armado interno entre 1980 y 2000.
Respecto a los sucesos de Bagua, la localidad de la Amazonía peruana donde el pasado junio murieron 34 personas (24 de ellos policías) en protestas indígenas contra decretos sobre el uso de los recursos naturales, la directora de AI se refirió al "uso desproporcionado de la fuerza" en los enfrentamientos entre manifestantes y policías.
Alertó que, frente a los procesos abiertos contra 18 indígenas presuntamente responsables de los disturbios, no se ha abierto ningún juicio contra los policías involucrados.
Además, Loli explicó que seis líderes indígenas, entre ellos Alberto Pizango, que hoy regresó de su asilo en Nicaragua, están procesados por delito de sedición a pesar de que la carencia de "fundamentos válidos de evidencias", por lo que reclamó que el Estado retire urgentemente los cargos presentados contra ellos.
Pero el Estado no es el único que debe rendir cuentas, según Amnistía, ya que también deben hacerlo las empresas, sobre todo las extractivas.
En 2009, todavía no había una resolución judicial sobre la responsabilidad de la minera británica Monterrico Metals, después de que salieran a la luz fotografías de 29 personas torturadas por agentes de policía y guardias de seguridad de la empresa.
