Una comisión intersectorial denunció las deficientes condiciones en que se encuentran las siete cárceles para jóvenes de la Región Metropolitana de Santiago de Chile y pidió el cierre de una de ellas a través de un informe revelado hoy por el diario La Tercera.
La denominada Comisión Intersectorial de Supervisión de Centros Privativos de Libertad visitó estas cárceles durante los días 14, 15 y 16 de diciembre, poco después del incendio que el día 8 de ese mes costó la vida a 81 reos del penal de San Miguel, en el sur de la capital.
La comisión está integrada por representantes del Poder Judicial, la Defensoría Penal, el Ministerio Público, la Fundación Paz Ciudadana, la Universidad de Las Américas y Unicef, el fondo de Naciones Unidas para la infancia.
El informe elaborado tras esas visitas revela que estos centros sufren de hacinamiento y tienen condiciones insalubres, con humedad, hongos y aguas residuales en los baños.
Además, carecen de dispositivos de seguridad ante incendios y de sus techos cuelgan cables eléctricos que suponen un riesgo.
Las condiciones más "nefastas" se detectaron en el centro de San Bernardo y en la Sección Juvenil de Puente Alto, ambos en Santiago.
En esta última no existen planes de emergencia contra incendios ni equipos para combatir el fuego.
La comisión señala que, dado el trágico incendio en el penal de San Miguel, "es necesario dejar por escrito en este informe que los centros requieren contar con medidas de seguridad en caso de incendios".
El documento añade que estos dispositivos "no se encontraban en todos los centros de la forma requerida, ya sea por falta de mantenimiento (ejemplo, suciedad), por baja presión de agua o bien por no existir en algunos centros", como en el de Puente Alto.
Por ello, la mayoría de los miembros de la comisión, con la excepción de los representantes de la fiscalía, pidieron la clausura del centro de Puente Alto, que alberga a 82 jóvenes de entre 18 y 25 años que cumplen condena por delitos de alta connotación social.
Además, la comisión, que realizó visitas de noche y sin previo aviso, detectó que en algunos centros faltaba personal de Gendarmería (guardia de prisiones) para cubrir los requerimientos mínimos de seguridad.
Así, en un centro del distrito de San Joaquín, que cuenta con 252 internos, doce gendarmes estaban ausentes.
Gendarmería atribuyó estas ausencias al elevado número de licencias (bajas) médicas que presentan estos funcionarios.
La comisión pidió investigar este fenómeno y, en su caso, fortalecer la capacitación de los trabajadores.
Por otra parte, ayer, cuando se cumplió un mes de la tragedia, familiares de los 81 presos fallecidos en la cárcel de San Miguel participaron en una misa y en una 'velatón' (encendido de velas) a las afueras del recinto penitenciario.
