Organizaciones de pescadores y ecologistas denunciaron hoy al gigante siderúrgico mundial ThyssenKrupp y a la minera Vale por lo que califican como "crímenes ambientales" en la construcción de un proyecto de 5.500 millones de euros (unos 7.000 millones de dólares) en la costa de Río de Janeiro.
La Compañía Siderúrgica del Atlántico (CSA), en la que el grupo europeo tiene el 90% y Vale el 10%, está siendo construida a las orillas de la bahía de Sepetiba en el oeste del municipio de Río de Janeiro y producirá 5,5 millones de toneladas anuales de placas de acero y 490 megavatios de electricidad.
La denuncia fue presentada por la Federación de Pescadores Artesanales del estado de Río y el "Instituto Políticas Alternativas para el Cono Sur" una entidad social de Río, vinculada al centro Rosa Luxemburgo, de Alemania.
La CSA, en el barrio de Santa Cruz, tiene créditos, incentivos fiscales y de infraestructura del Gobierno, así como el respaldo manifiesto del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.
Según los denunciantes, el dragado del futuro puerto remueve 20 millones de metros cúbicos de fango contaminado con metales pesados, que están sedimentando el otro extremo de la bahía, dispersando residuos y matando los peces.
El fango dragado "no tiene un destino apropiado" y una parte fue sepultada de nuevo en el fondo de la propia bahía en contenedores.
Los opositores también denunciaron que un puente de cuatro kilómetros de longitud y un muelle de 700 metros para recibir carbón mineral destruyeron nueve kilómetros de manglares y cierran el paso de los barcos de pesca.
"Lo que estamos sufriendo allá es muy difícil para nosotros. Nos están expulsando de nuestra área de trabajo", afirmó el pescador Luis Carlos de Oliveira.
"Son 8.070, pescadores que viven de la pesca en la bahía y que ahora pasan dificultades", pues la recolección de peces, camarones y cangrejos ha disminuido un 70 por ciento, afirmó.
Otro dirigente, Ivo Siqueira Soares, dijo que los permisos ambientales fueron fraudulentos, así como las "ridículas y humillantes" audiencias públicas para discutir el proyecto, en las que fueron excluidos los opositores.
"Algunas colonias de pescadores se vendieron, fueron comprados por la CSN para eso", afirmó.
El abogado de Fapesca, Víctor Mattrar Mucare, explicó que los pescadores mantienen siete acciones por daños y perjuicios contra el CSN y pidieron indemnizaciones por unos 300.000 reales (unos 150.000 dólares) para cada una de las familias para compensar los daños sufridos desde que en 2006 comenzó la obra.
El ministerio Público del Trabajo también inició procesos judiciales por indicios de contratación irregular de trabajadores.
El ecologista Sergio Ricardo argumentó que el permiso ambiental fue concedido de manera irregular, pues debió ser otorgado por el federal Ibama y no por el estado de Río.
"La lección que nos queda es que esa es una concepción equivocada acerca de lo que es el desarrollo en este país", dijo Ricardo.
La bahía de Sepetiba, tiene una vocación turística y pesquera que está siendo modificada por este proyecto cuyas consecuencias son todavía inconmensurables, según los opositores.
Consultada por Efe, la CSN dijo que la tecnología de dragado fue probada y es la más confiable del mundo. La empresa, que comenzará a operar a finales de 2009, también argumentó que está reforestando el área donde se excedió en el corte del bosque y que cumplió todos los requisitos de las autoridades ambientales.
