Unos 1.400 civiles perdieron la vida durante los nueve meses que dura la ofensiva del Ejército de la República Democrática del Congo (RDC), que recibe apoyo logístico de la ONU, contra rebeldes hutus en el este del país, asegura un informe difundido hoy.
El documento elaborado por la organización Human Rights Watch (HRW) asegura que la ofensiva gubernamental respaldada por la misión de la ONU en la RDC (MONUC) ha causado más daño a la población civil que a los combatientes de la Fuerzas Democráticas para la Liberación de Ruanda (FDLR).
"Para HRW, las operaciones en el este de la RDC deben cesar hasta que se garantice el respeto del derecho internacional y que se han depurado a los mandos responsables de cometer atrocidades", dijo la investigadora de la organización de derechos humanos Anneke Van Woudenberg, en la presentación del informe en la sede de la ONU.
En sus 183 páginas se acusa a tropas congolesas y a los rebeldes de "castigar" a poblaciones civiles acusadas de colaborar con el otro bando, con el asesinato a machete de presuntos colaboradores, el ametrallamiento de pobladores y la quema de viviendas con los residentes atrapados dentro.
"Algunas víctimas fueron maniatadas en grupo y degolladas como pollos. La mayoría eran mujeres, niños y personas mayores", aseguró HRW.
La organización señaló que la ofensiva lanzada el pasado marzo contra el FDLR, llamada Kimia II y respaldada por los "cascos azules", no logró el objetivo de poner fin a la violencia en esa parte del país.
En su lugar, los soldados pertrechados por MONUC asesinaron civiles, violaron a menores de edad y cortaron la cabeza de jóvenes acusados de apoyar a los guerrilleros hutus.
Algunas jóvenes fueron secuestradas tanto por soldados, como por rebeldes, para usarlas como esclavas sexuales durante meses, y en algunos casos fueron asesinadas "de un disparo en la vagina".
Al mismo tiempo, denuncia que los rebeldes hutus llevaron a cabo una sangrienta campaña de intimidación para coaccionar a los aterrados habitantes de las provincias donde operan sus unidades.
"Amenazaba a las poblaciones preguntándoles si estaban con ellos o contra ellos. Si estaban en contra, les aseguraron que les mataría. Y así fue", relató Van Woudenberg.
HRW indicó que el informe se basa en el testimonio de al menos 600 personas y es el resultado de 23 desplazamientos a la zona del conflicto.
"¿Qué puede poner fin a este tipo de atrocidades? El arresto de sus responsables", observó la investigadora.
La organización de derechos humanos pidió al Consejo de Seguridad, que debe renovar antes de final de mes el mandato de MONUC, el envío de un grupo de expertos a la zona para que recomiendan medidas para aumentar la protección de los civiles.
También pidió que el cese de inmediato del apoyo a la ofensiva militar, por el riesgo que corren de ser cómplices de violaciones de los derechos humanos y posibles crímenes de guerra.
Por su parte, el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, aseguró hoy que MONUC pondrá fin a su apoyo a unidades militares "cuando haya razones", pero declinó dar por completamente terminado el respaldo a las acciones del Ejército congolés.
"La protección de la población civil es siempre nuestra principal prioridad y siempre hemos actuado de acuerdo al mandato del Consejo de Seguridad", afirmó en un encuentro con la prensa Ban, al ser preguntado por el informe de HRW.
Los quince integrantes del máximo órgano de seguridad de la ONU celebrarán el miércoles una reunión para discutir el futuro de la misión de paz en la RDC, que con unos 17.000 efectivos es la segunda mayor del organismo.
Su máximo responsable, el británico Alan Doss, ha pedido una extensión de seis meses para reorganizar la misión, mientras que el presidente de la RDC, Joseph Kabila, ha indicado su deseo de que los "cascos azules" empiecen a abandonar el país.
