El Gobernador del departamento sureño colombiano del Putumayo, Felipe Guzmán, denunció hoy que en su territorio, las FARC "aprovechan" una protesta de estafados en "pirámides" financieras para instar a la desestabilización.
Guzmán dijo a periodistas en Bogotá que desde el domingo pasado las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) han utilizado explosivos, han amedrentado a los habitantes y han difundido octavillas en las que invitan a sabotajes en Mocoa, capital del Putumayo y otras localidades.
El gobernador Guzmán dialogó hoy con el presidente colombiano, Álvaro Uribe, quien se comprometió a incrementar la presencia de la Fuerza Pública para controlar la situación en esa zona y dijo que en breve visitará el Putumayo.
Desde el miércoles de la semana pasada centenares de ahorradores estafados por las "pirámides" financieras del Putumayo, en Mocoa, Orito, La Hormiga y otras localidades de ese territorio, incendiaron varios vehículos de la Fiscalía General en la capital regional, bloquearon varias carreteras y se enfrentaron a la Policía.
La situación obligó a las autoridades a decretar el toque de queda en la capital del Putumayo, departamento selvático y fronterizo con Ecuador y Perú.
El presidente Uribe había asegurado el sábado pasado, que tras las "pirámides" que defraudaron a miles de personas, no solo del Putumayo sino en decenas de ciudades de otros departamentos hay paramilitares, narcotraficantes y guerrilleros.
"Ya aparecen los comunicados de las FARC presionando con motivo de este tema de las 'pirámides' a la comunidad del Putumayo", señaló entonces Uribe.
En el Putumayo los ahorradores fueron estafados por la empresa Proyecciones DRFE (Dinero Fácil, Rápido y Efectivo).
Al cierre de esa empresa que captaba dinero ilegalmente, se sumó la intervención oficial de la firma David Murcia Guzmán (Grupo DMG), que comercializaba productos y servicios a partir de tarjetas prepago que entregaba a sus "inversionistas".
El desplome de DRFE y de otras decenas de "pirámides" forzó al Gobierno de Uribe a declarar el estado constitucional de "emergencia social" el pasado 17 de noviembre para afrontar esa crisis.
