El Congreso de Perú entre el 2000 y el 2005 estará dominado por una alianza oficialista que otorga, una vez mas, al presidente Alberto Fujimori el control del legislativo peruano en su tercer período consecutivo de Gobierno.
El dominio del legislativo por Perú 2000, la alianza gubernamental que respaldó la cuestionada candidatura triunfante de Fujimori, es destacada ayer por medios de prensa y analistas políticos, tras ponerse en evidencia el lunes cuando prestaron juramento en sus cargos los 120 congresistas electos el pasado 9 de abril.
En esa ceremonia, Perú 2000, que obtuvo 52 congresistas como resultado de las elecciones, presentó en su sector del hemiciclo legislativo un total de 64 parlamentarios que le dan la mayoría.
Lo que ocurrió fue que, entre el 9 de abril y la jornada del lunes, doce parlamentarios que fueron electos como candidatos de partidos de la oposición, se pasaron a las filas gubernamentales.
Para la oposición, los llamados tránsfugas, son "vendidos", "traidores" y "desleales" porque su cambio de bandera política ha respondido a supuestas ofertas económicas del Gobierno y porque han hecho todo lo contrario al mandato de los electores que votaron por ellos.
Los opositores acusaron al Gobierno desde hace varias semanas de haber hecho ofertas económicas, de 10,000 dólares mensuales además de su sueldo, a los que se pasaron a la bancada de Perú 2000, así como de presionar a otros con la amenaza de reactivar procesos pendientes en los tribunales de justicia si no se alineaban en sus filas.
Los asimilados por el oficialismo argumentaron que se habían plegado a Perú 2000 porque quieren trabajar en beneficio del país y para asegurar su gobernabilidad, lo que, según ellos, sólo lo lograrán en las filas del Gobierno.
Portavoces de los grupos opositores, que cuentan con 56 congresistas reunidos en el Comité Parlamentario por la Democracia (COPADE), califican este hecho de un "fraude post electoral" o de un "segundo fraude" presuntamente perpetrado por el Gobierno de Fujimori.
La oposición acusó a la administración del gobernante de haber organizado elecciones fraudulentas el 9 de abril así como en la segunda vuelta del 28 de mayo pasado, para perpetuarle en el poder.