El gobierno de Honduras inició ayer un proceso para embargar bienes del ex presidente Carlos Reina, acusado de participación en un escándalo de corrupción, dijo ayer un funcionario.
La Contraloría General de la República entregó a la Procuraduría un expediente de Reina, "para que proceda a urgirlo a pagar una multa de 30.000 lempiras (2,142.85 dólares) por su participación en el escándalo, dijo el secretario de la Contraloría, Alejandro Hernández.
Reina, cuya gestión de enero de 1994 a enero de 1998 lanzó una "revolución moral" contra la corrupción, está acusado en un escándalo derivado de la construcción de instalaciones para la celebración de los VI Juegos Deportivos Centroamericanos disputados en Honduras en diciembre de 1996.
"Esta es una resolución histórica, jamás en Honduras se había puesto una multa o una sanción a un presidente o ex jefe de estado", dijo Hernández.
Reina ha rechazado las acusaciones, también formuladas contra varios de sus ministros.
"Si el presidente Carlos Roberto Reina no paga la multa impuesta por la Contraloría, la Procuraduría tendrá que acudir a los tribunales para embargarle bienes que cubran los 30.000 lempiras", dijo Hernández.
Reina, actual presidente del Parlamento Centroamericano, negó hace poco tener "nada que ver con el escándalo".
"Fui, como presidente de Honduras, el impulsor de la revolución moral y ahora se me castiga por la buena fe en un acto que lo hizo una junta directiva, en la cual yo no participé", dijo.
Hernández dijo que la Contraloría multó a Reina "por su actitud negligente al no informar sobre la ilegal, incorrecta e impropia ejecución de los contratos" de construcción de los escenarios deportivos, obviando el proceso de licitación.
A raíz del escándalo se han establecido reparos contra ministros y otros funcionarios del gobierno de Reina, por más de 80 millones de lempiras (5,7 millones de dólares).
Funcionarios de la Contraloría aseguran que en la construcción de los escenarios y la celebración de los Juegos se "incurrió en irregularidades administrativas" que incrementaron los costos en casi 100 millones de lempiras (7,2 millones de dólares).
Según las investigaciones, varias de las obras fueron construidas a precios mayores de los programados, se efectuaron obras en áreas no vinculadas a los Juegos y se contrató a transportistas de los deportistas con nombres de propietarios de vehículos que no existían y se emitieron cheques para el pago de jueces extranjeros que nunca llegaron a Honduras.
