Los fiscales estatales apelaron ayer ante la Audiencia Nacional para que desestime la instrucción de cargos formulada esta semana por un juez español contra 98 militares argentinos a los que acusa de genocidio, terrorismo y tortura.
La oficina de los fiscales dijo que España carece de jurisdicción sobre "crímenes cometidos por ciudadanos no españoles, fuera de nuestro territorio nacional, durante la dictadura argentina", según despachos de prensa.
El juez Baltasar Garzón instruyó de cargos el martes a los militares argentinos en conexión con la dictadura militar de 1976-1983. Un informe oficial ha indicado que unos 9.000 personas murieron o desaparecieron durante ese período, llamado la guerra sucia en Argentina.
Algunos grupos por los derechos humanos sostienen que en realidad hubo unas 30.000 víctima.
Garzón solicitó a Gran Bretaña la extradición del ex presidente chileno Augusto Pinochet, que sigue detenido en Londres desde octubre de 1998. Muchos de los 98 encausados viven en Argentina, y la acción legal constituye un paso para la requisitoria de su extradición a España. El pedido requiere del sello del gobierno español, que se ha comprometido a respetar todas las decisiones judiciales pero no se ha abstenido de expresar su malestar,
El canciller español, Abel Matutes "confío que no tengamos que hacerlo", afirmó, aludiendo los principios jurídicos internacionales. "Ninguna nación extradita a sus (propios) ciudadanos".
Fernando Villalonga, secretario de estado de Cooperación Internacional y con Iberoamérica, declaró que la acción tomada por Garzón era "muy dañina para la imagen de España en Iberoamérica".
Villalonga agregó que el dictamen podría crear problemas en la próxima cumbre latinoamericana de La Habana.
Por otro lado un ex oficial de la armada argentina que admitió haber tomado parte en los llamados "vuelos de la muerte" durante la dictadura militar, retractó su confesión.
Adolfo Scilingo estaba incluido en la lista de Garzón. Scilingo había viajado a Espaûa voluntariamente en 1997 y testificó ante Garzón acerca de su relación con los vuelos de la muerte en los que sospechosos de ser izquierdistas eran drogados y luego lanzados al mar.
Dijo en aquella ocasión que se arrepentía de ello y su testimonio ayudó a Garzón a construir su caso contra los miembros de las ex juntas de gobierno argentino.
Enrique de Santiago, un abogado español que asiste a la investigación de Garzón, dijo que el ex capitán de 52 años negó sus anteriores declaracioviolaciones de los derechos humanos.
Scilingo, según de Santiago, dijo durante la vista que "todo obedece a una conspiración".
EL abogado agregó que Scilingo alegó que la conspiración incluía a Garzón y a representantes de organizaciones de derechos humanos argentinos y abogados españoles que trabajan con el juez.
El cambio de actitud de Scilingo ha asombrado a los investigadores que trabajan con el juez Garzón pero no esperan que vaya a dañar el caso contra los ex dirigentes militares argentinos dado que su testimonio era solo un pequeña parte de las pruebas empleadas para apoyar la acusación.
