La Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA) condenó ayer las amenazas que obligaron al fiscal Celvin Galindo a autoexiliarse en Estados Unidos y dejar la investigación sobre el asesinato del obispo Juan Gerardi, perpetrado en 1998.
"Desde el comienzo de este proceso MINUGUA ha condenado enérgicamente el clima de amenazas e intimidaciones que pretenden impedir el desarrollo de una investigación eficiente", señaló MINUGUA en un comunicado. Galindo anunció el pasado jueves que renunciaba y se autoexiliaba en Estados Unidos, debido a las "múltiples amenazas de muerte" que recibió desde que asumió el caso en enero pasado.
"Tales amenazas no sólo han afectado a fiscales y jueces encargados del caso, sino también a otros actores procesales interesados en su avance", advirtió MINUGUA.
"La opinión pública ha sido testigo de cómo este tipo de hechos han sido utilizados sistemáticamente para entorpecer el conocimiento de la verdad y la realización de la justicia", sentencia la misión de la ONU, encargada de verificar los acuerdos de paz que pusieron fin en 1996 al conflicto armado de 36 años en Guatemala.
La Misión recordó que con anterioridad ha expresado "su profunda preocupación por los escasos avances en la investigación criminal, tanto por la falta de recursos humanos y materiales, como por las violaciones al debido proceso".
Destacó que con el arribo del fiscal Galindo al cargo, en enero pasado, las pesquizas tomaron un rumbo diferente, ya que el funcionario retomó todas las hipótesis posibles sobre el crimen del prelado, incluida la posibilidad de que fuera político.
"Sin embargo, durante este período la Misión comprobó que el intento por considerar la hipótesis política coincidió con una serie de actos intimidatorios que afectaron el desempeño de diversos actores procesales, funcionarios estatales e incluso personalidades de la sociedad civil", agregó.
MINUGUA recuerda que en el marco del cumplimiento de los Acuerdos de Paz, el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad de los actores procesales y velar por que se esclarezca el crimen del religioso. "Es imprescindible que el Ministerio Público (Fiscalía) disponga, dentro del más breve plazo, todas las medidas pertinentes para continuar con la persecución penal de este horrendo crimen hasta lograr su esclarecimiento", demanda la Misión.
También solicita "urgentemente que el gobierno haga efectivos los compromisos del Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, de los compromisos de Paz, dirigidos a garantizar la seguridad y proteger la libertad de acción de las partes".
Además, cuestiona que, pese al ofrecimiento del Fiscal General, Adolfo González, de dar garantías a los dos fiscales auxiliares de Galindo para continuar en el cargo, a ambos les fuera retirado el viernes pasado el cuerpo de seguridad que se les había asignado.
El pasado 23 de marzo, el juez Henry Monroy, que coordinaba las acciones judiciales, también se exilió (en Canadá), al aducir falta de apoyo de la Corte Suprema, una serie de amenazas de muerte en su contra y por problemas personales.
Contenido patrocinado
Últimas noticias
