Varios altos funcionarios del gobierno nacional admitieron ayer que no tienen pistas firmes respecto de los autores de la serie de amenazas de bomba en lugares públicos, que se repiten desde la semana pasada, aunque coincidieron en restarle gravedad al asunto.
Las diferentes declaraciones de los funcionarios se dieron cuando una nueva falsa alarma de bomba contra una sede judicial, realizada a primera hora del día, obligó a desalojar la Cámara de Casación del Trabajo, en el centro de Buenos Aires.
El ministro del Interior, Carlos Corach, admitió que el gobierno no tiene "pistas firmes" sobre los autores de las llamadas intimidatorias a lugares públicos, aunque dijo tener "indicios no determinantes" sobre su origen.
En su diaria rueda de prensa en la puerta de su domicilio, el ministro dijo que "se está investigando lo que se puede investigar", es decir, "las llamadas que no se hicieron desde teléfonos públicos".
Sin embargo, el ingeniero Ariel Garbarz afirmó ayer a la bonaerense radio Continental, que en 1996 ofreció al ministerio del Interior un sistema informático para detectar "en ocho segundos" la procedencia de amenazas telefónicas desde cabinas públicas, pero que por una presunta "orden de arriba", se "paró todo".
Se trata del software Localización Online de Amenazas Telefónicas (LOAT) que, según dijo, "se utilizó con mucho éxito en España, porque se capturó a varios terroristas de la ETA cuando hacían sus amenazas y anticipaban sus atentados desde cabinas públicas".
Según el especialista, el costo del proyecto "no llegaba a un millón de dólares, muy inferior a lo que gasta la SIDE (Servicio de Inteligencia del Estado), que destina más de 200 millones en el año y no sabemos en qué porque no rinde cuentas", acusó.
La ola de amenazas comenzó la semana pasada con varias llamadas a los subterráneos de Buenos Aires, y afectaron además al avión Tango 01 en el que el presidente Carlos Menem se disponía a viajar a la Cumbre de Río de Janeiro, el hospital donde está internado el ex presidente Raúl Alfonsín, reponiéndose de su grave accidente automovilístico, una dependencia de la dirección impositiva, y varias sedes judiciales.
El juez federal Adolfo Bagnasco, quien investiga el tema, consideró que se trata de "un fenómeno imitativo de gente que busca molestar" aunque no descartó que pueda estar relacionado con la proximidad de las elecciones presidenciales.
También el secretario de Seguridad, Miguel Angel Toma, se refirió al hecho en diálogo con Radio Continental y sostuvo que "no se puede descartar ninguna hipótesis", al anticipar que evaluará con el juez Bagnasco "todas las alternativas que se estén presentando".
En relación a las declaraciones del ingeniero Garbarz, Toma descalificó las acusaciones al sostener que "cuando aparecen estos casos hay mucho interés también de colocar productos, de aprovechar la situación de conmoción social para vender tecnología", retrucó.
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