La Policía chilena de Investigaciones detuvo ayer al empresario César Palma, supuesta "pieza clave" en el asesinato del líder sindicalista Tucapel Jiménez a manos de agentes de la pasada dictadura de Augusto Pinochet, informaron fuentes judiciales.
La captura, por orden del magistrado que investiga el crimen, se produjo en la ciudad de Puerto Varas -1.000 km al sur de Santiago-, donde el sospechoso desarrolla negocios inmobiliarios y de turismo.
El canal 13 de la televisión santiaguina dijo que Palma estuvo vinculado en el pasado al Movimiento Nacionalista Patria y Libertad, de ultraderecha, que alentó la subversión contra el mandatario socialista Salvador Allende, derrocado por el golpe militar que puso a Pinochet en el poder (1973-90). Tucapel Jiménez, un veterano dirigente del gremio de los empleados fiscales, fue acuchillado y tiroteado el 25 de febrero de 1982 en una área rural de la capital, tras participar en reuniones para recrear agrupaciones sindicales y organizar una huelga contra el gobierno militar.
Palma sería uno de los autores materiales, precisó una versión de la agencia noticiosa Orbe de Santiago.
Dos generales retirados el Ejército, Humberto Gordon y Roberto Schmiedt, que integraban entonces la cúpula de la policía secreta del régimen pinochetista (la Dina/Cni) están imputados como cómplices del homicidio por el juez del caso, Sergio Muñoz.
Gordon, estrecho colaborador de Pinochet y ex miembro de la Junta de Gobierno (el Legislativo durante el gobierno de facto, 1973-1990)) dirigía la Dina cuando se asesinó a Jiménez. Schmiedt era el jefe de la sección de Santiago del organismo gubernamental.
Pinochet, ex jefe del Ejército y actual senador vitalicio, está actualmente detenido en Londres -desde octubre del año pasado-, por petición del juez español Baltasar Garzón, que espera procesarle por delitos de genocidio, terrorismo y torturas durante la dictadura que lideró.
El primer fallo sobre la demanda de extradición a España del ex gobernante chileno, pasado casi un año de su captura en Gran Bretaña, será emitido el 8 de octubre por la corte de Bow Street de la capital británica.
Este miércoles en Londres, Pinochet fue exento de comparecer el próximo viernes ante el tribunal londinense de Bow Street para escuchar el veredicto sobre el pedido español de extradición, por razones de salud, anunció el juez británico Ronald Bartle.
Tras la encargatoria de reo y la detención de Gordon, a mediados de setiembre pasado, Pinochet califico como "patrañas" las acusaciones contra el ex director de la Dina/Cni, a quien envió una carta de solidaridad. Según el juez Sergio Muñoz, es imposible que Gordon y Schmiedt no estuvieran informados de los probados seguimientos a Jiménez que realizaban los agentes policiales subalternos y que culminaron con su muerte. La Corte Suprema rechazó una apelación de los militares y confirmó lo actuado por el magistrado Muñoz, que en su nómina de supuestos responsables del homicidio, tiene al ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército, general Ramsés Alvarez, y a otros 17 miembros militares y colaboradores civiles de la Dina/Cni.
En junio, el juez Muñoz envió un cuestionario de 20 preguntas a Pinochet, buscando establecer su relación de mando sobre la policía secreta que, de acuerdo a las denuncias de las víctimas de la represión, aparece como la principal responsable de las violaciones a los derechos humanos durante el pasado gobierno.
La defensa del general Pinochet frente al enjuiciamiento que pretende el juez español Garzón ha descrito los crímenes de lesa humanidad como excesos policiales individuales, rechazando la existencia de una política oficial de eliminación de disidentes.
Según las investigaciones judiciales, policiales y gubernamentales después del fin de la gestión de Pinochet, el golpe y las acciones posteriores significaron confirmadamente la muerte de al menos 3.000 opositores, de los cuales unos 1.200 figuran como detenidos desaparecidos a manos de policías secretos y tropas.
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