La Fiscalía de la Audiencia Nacional recurrió ayer a la ampliación de las acusaciones contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet, afirmando que la justicia española no puede juzgar delitos de tortura cometidos fuera de España.
"España carece de competencia para enjuiciar delitos de torturas cometidos fuera de España por ciudadanos no españoles y contra víctimas no españolas", afirmó la fiscalía del máximo órgano penal español.
El juez español Baltasar Garzón, que conmocionó a la comunidad internacional cuando logró que Pinochet fuera detenido en Londres en octubre pasado, amplió la semana pasada los cargos contra el ex dictador. En un auto enviado a Londres el viernes, el magistrado acusó al octogenario general de un total de 72 casos de tortura cometidos después de diciembre de 1988, único delito por el que puede ser juzgado tras el último fallo de los lores británicos.
Pero según la fiscalía de la Audiencia, que se ha opuesto reiteradamente al proceso abierto en 1996 contra Pinochet en Madrid, Garzón no ha seguido los cauces procesales necesarios, ya que debería haber pedido al gobierno español que tramitara una nueva petición de extradición ante Londres en vez de enviar directamente un auto a Londres.
En este sentido, la fiscalía afirma que Pinochet sólo podría ser extraditado para responder por los delitos detallados en la petición de extradición cursada el año pasado, y no podrían ser admitidos los cargos que Garzón ha añadido posteriormente.
"El Juzgado parece confundir lo que es una ampliación de extradición con lo que es un complemento informativo", afirma la fiscalía, quien señala que los complementos informativos sólo pueden ofrecerse previa petición del estado que estudia la extradición.
"Y no existe constancia ninguna de que las autoridades británicas hayan remitido una solicitud de complemento informativo por la vía diplomática debida", añade el documento.
Este recurso presentado por la fiscalía de la Audiencia con la intención de "velar por la pureza del procedimiento" pretende dejar sin efecto el último auto de Garzón, pero no modifica en absoluto el proceso contra Pinochet, retenido en Londres a la espera de que los tribunales británicos decidan si debe ser finalmente extraditado a España.
La fiscalía también rechaza que las desapariciones, como argumentaba Garzón en su último auto, puedan ser consideradas delitos de tortura.
"Los tipos penales deben ser interpretados en su sentido propio, pero sin interpretaciones analógicas que desvirtúen su construcción jurídica", dice la fiscalía.
A pesar de la insistencia de la Fiscalía por poner fin al proceso contra Pinochet, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dio luz verde el pasado mes de noviembre, en un histórico fallo, a los jueces españoles para investigar los crímenes cometidos bajo las dictadura chilena y argentina.
