Ex militares se suman a iniciativa de "punto final"

Cuatro militares retirados convertidos en senadores designados se sumaron a la iniciativa de los jefes de las fuerzas armadas para buscar un acuerdo de "punto final" a los problemas de derechos humanos, en medio de creciente inquietud castrense por la reapertura de procesos contra oficiales.
Los jefes militares están preocupados por los procesos reabiertos, que en los últimos meses han llevado a la detención de 25 ex uniformados y ex agentes de la policía secreta.
La más reciente de esas resoluciones judiciales esta semana dispuso la detención de un general retirado que encabezó una comitiva que ajustició sumariamente a 72 prisioneros políticos. Otros cuatro ex altos oficiales fueron también sometidos a procesos y detenidos en cuarteles militares junto al ex general Sergio Arellano Stark, quien está confinado en el hospital militar capitalino.
Pese a que el ministro de Defensa, José Florencio Guzmán, le pidió "prudencia" al jefe del Ejército, general Ricardo Izurieta, los comandantes han estado reunidos y uno de ellos lanzó la idea de formar una comisión que busque un punto final a los procesos por derechos humanos.
El jueves por la noche, con el pretexto de saludar a Izurieta que ayer cumplió 56 años, los cuatro senadores designados, en representación de las fuerzas armadas y la policía militarizada en el Congreso, analizaron la situación con Izurieta.
Luego expusieron también su inquietud por la situación y el ex jefe de la policía Fernando Cordero manifestó su rechazo a las resoluciones judiciales.
Los militares arguyen que se está desconociendo una ley de amnistía de 1978 que exculpó los excesos cometidos desde el golpe militar de 1973 hasta esa fecha.
El senador designado y ex jefe de la Armada hasta el año pasado Jorge Martínez dijo que si se quiere desconocer la ley de amnistía por las decisiones judiciales recientes se va a remover el pasado, en el que hubo excesos por ambas partes.
El ex jefe de la policía Fernando Cordero manifestó su rechazo a las resoluciones judiciales.
Por su parte, el ex vicecomandante en jefe del Ejército Julio Canessa, otro de los senadores designados, advirtió que "las fuerzas armadas son delicadas y no se puede jugar con ellas".
Pero mientras los militares hacen sentir su molestia y propician un punto final, el obispo Juan Luis Ysern apuntó a Pinochet y Arellano como responsables por la ejecución sumaria de 72 prisioneros políticos en 1973 por la denominada "caravana de la muerte" que encabezó Arellano.
El prelado, quien durante el golpe militar era obispo de Calama, en el norte del país, donde la comitiva de Arellano asesinó a una veintena de prisioneros, incluso algunos que ya estaban condenados a penas menores, responsabilizó a Pinochet por no haber sancionado el procedimiento, si es que no lo dispuso. Y sostuvo que "si es que de alguna forma no había dado la orden al actuar así, se hizo cómplice de esta actuación".
En tanto, políticos oficialistas y derechistas realizan también sondeos y conversaciones por la posibilidad de convenir un acuerdo que resuelva las situaciones pendientes de derechos humanos.