Los ex trabajadores mineros que exigen el pago de sus indemnizaciones por despido desistieron ayer de cometer suicidios masivos, pero emplazaron al gobierno a cumplir con la ley.
El principal dirigente del sector, Andrés Lora, que agrupa a unos 1.500 ex trabajadores mineros despedidos en 1986, dijo que las autoridades se comprometieron a pagarles el equivalente a unos 5,5 millones de dólares, por los beneficios sociales acumulados desde hace más de 12 años.
Lora y otros dirigentes anunciaron que estaban decididos a suicidarse, tras amarrarse con sogas de las manos, los pies y el cuello.
Sin embargo el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Milton Gómez, intercedió para evitar las amenazas y presionó a las autoridades a dialogar para el cumplimiento de un dictamen de la Corte Suprema de Justicia que obliga al pago de los beneficios sociales a los ex trabajadores.
El ministro de Trabajo, Leopoldo López, se comprometió anoche ante los mineros a cumplir con el dictamen judicial, pero dijo que antes había que esperar un fallo adicional sobre la apelación presentada por el ejecutivo.
Entre tanto, los mineros, desde hace semanas en esta capital, suspendieron temporalmente sus medidas de presión, como huelgas de hambre y manifestaciones callejeras.
Con el fin de superar el problema, el ministro de Gobierno, Guido Nayar, dispuso trasladar en forma forzada a un centenar de mineros a sus lugares de origen, lo que causó una reacción más radical de los demás trabajadores.
Muchos de los ex mineros están en La Paz con sus esposas e hijos menores de edad y pernoctan en algunos albergues o en las calles céntricas.
