La decisión de exiliarse por amenazas de muerte tomada por el fisondena judicial contra tres militares y un sacerdote por el asesinato del obispo Juan Gerardi, repercutirá negativamente en la aplicación de justicia en Guatemala, afirmaron ayer dirigentes humanitarios.
La salida del fiscal Leopoldo Zeissig "es un hecho lamentable, porque realmente afecta a todo el sistema de justicia y los diferentes procesos que se llevan contra gente comprometida en crímenes", afirmó el dirigente de la agrupación Alianza Contra la Impunidad, Miguel Albízures.
En este hecho "no dudamos de la responsablidad del Ejecutivo, muchas cosas están sucediendo con la complicidad (del gobierno) porque no hay implementación real de protección a los operadores de justicia", acusó Albízures. La salida de Guatemala del fiscal de 36 años "beneficia a los sectores más atrasados de Guatemala, especialmente a las Fuerzas Armadas y los acusados de delitos graves, pues ahora se sienten más tranquilos porque están cumpliendo su objetivo, obligar a retrasar los procesos", afirmó el líder humanitario.
El asesor legal de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado (ODHA), Mynor Melgar, manifestó a su turno preocupación porque "el Estado no tenga la capacidad de garantizar la vida", especialmente a quienes tienen el valor de enfrentarse a la impunidad como lo hizo Zeissig.
El director del Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), Frank La Rue, coincidió que la salida del fiscal significa una mala señal para la aplicación de justicia, porque anteriormente se exilió un juez y un fiscal que también conocieron el caso Gerardi.
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